Una consultora había advertido sobre la  crisis a la que se llegó en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Las últimas semanas fueron de gran debate político parlamentario para poder abordar una solución al tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

El abordaje del tema nos convoca por la aprobación de la ley que trae una solución temporal sobre la cual queda la base para  trabajar en una resultante permanente.

El Explorador accedió a la entrevista que nos brindó el presidente electo por los afiliados activos, Dr. (Veterinario) Hugo Daniel Alza

El Dr. Hugo Daniel Alza representó a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, que fue quien lo propuso en definitiva para candidato y  participaron en las últimas elecciones con el lema “Gremios por la caja” en la Agrupación Universitaria del Uruguay. 

Es decir, que la Sociedad de Medicina Veterinaria integra la Agrupación Universitaria del Uruguay y por eso accedió al cargo en el directorio en las últimas elecciones.

El entrevistado nos señala que desde la  llegada a este directorio en diciembre de 2021, la prioridad ha sido sensibilizar al Poder Ejecutivo para que se realizará las  modificaciones en la ley de la caja. Esto era esencial para mejorar los ingresos y equilibrar las economías de la institución, buscando así garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Desde diciembre de ese año, iniciamos contactos con el Dr. Pablo Mieres, quien era el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y fue el principal interlocutor con el Poder Ejecutivo. 

Juntos con el ministro se definió una hoja de ruta para el año 2022 se permitiera poder avanzar en esta temática.

La ley que modifica la estructura orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) fue aprobada el miércoles 2 de julio de 2025 por la Cámara de Representantes, después de ser tratada en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Anteriormente, el Senado ya había dado su visto bueno a la ley, que busca asegurar la sostenibilidad financiera de la caja.

Desde 2022 hasta 2024, un año antes de las elecciones nacionales, trabajamos con el anterior Poder Ejecutivo en la elaboración de un proyecto de ley que, lamentablemente, no prosperó en la Cámara de Representantes. 

Luego de las elecciones nacionales de 2024, se estableció contacto con los nuevos delegados del Poder Ejecutivo que estarían en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Comenzamos a trabajar de manera informal, pero productiva, durante enero y febrero del 2025, brindando la información necesaria y respondiendo preguntas.

Finalmente, una vez que el nuevo gobierno asumió, en un plazo de 45 días presentó una primera propuesta al parlamento. Esta propuesta fue discutida en diputados y sufrió múltiples modificaciones antes de ser enviada al Senado, donde se generó un intercambio fructífero entre los diferentes partidos políticos y dentro de cada uno de ellos. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios emitió su opinión en las dos comisiones, y hasta el último momento estuvimos aportando información, incluso el mismo día de la votación en ambas cámaras.

Aunque la ley aprobada no es la ideal y no cubre todos los aspectos que desearíamos, contiene elementos fundamentales que reflejan el esfuerzo conjunto de todos los colectivos involucrados, quienes aportan económicamente. Es un hecho que todos los grupos, tanto los afiliados activos como los pasivos, han contribuido de diversas maneras. Sin embargo, tenemos discrepancias significativas en cuanto a ciertos aspectos de la ley, especialmente en relación con la proporción de contribuciones de cada parte y la forma en que algunos de estos detalles están estructurados, lo cual puede complicar su implementación.

A pesar de estos desafíos, la ley ya está en vigor, fue promulgada y publicada en el Diario Oficial, y su aplicación comenzará el primer día hábil del mes siguiente, es decir, el 1 de agosto del 2025. Además, tiene efecto retroactivo para ciertos aspectos de la contribución de los pasivos que comenzarán a regir desde el 1 de julio del 2025.

Estamos trabajando al máximo para implementar cada uno de los pasos necesarios de manera clara y eficiente. Actualmente, nos encontramos en el proceso de redactar interpretaciones de los artículos y definir cómo se aplicarán cada uno de ellos, incluyendo los descuentos y las tasas de contribución de los pasivos, así como los beneficios que la ley incluye y que también requieren modificaciones.

Uno de los cambios más importantes que se implementará a partir de la ley es el pago total de las jubilaciones en julio. Inicialmente, habíamos planeado dividir el pago de julio en dos partes debido a la falta de liquidez, lo que podría haber afectado a los jubilados, quienes dependen completamente de sus pensiones. Sin embargo, con la aprobación de la ley, decidimos suspender esa medida y proceder con el pago del 100% de la jubilación el último día del mes, el 31 de julio. Tanto las pensiones como los salarios de los funcionarios se pagarán de manera habitual.

En cuanto al descuento correspondiente a la contribución de los pasivos, este varía según el grupo. Un 6% de los afiliados no realiza contribución, un 10% paga un 2% de su jubilación y un 84% paga el 5% de su jubilación. Este porcentaje se descontará en cuatro cuotas a partir de agosto, sumándose a la cuota correspondiente de cada mes. Este calendario de pagos ha sido definido y se mantendrá firme hasta fin de año, tal como estaba planificado desde el principio.

El poder ejecutivo ya nos ha confirmado las asignaciones y fechas de los fondos de rentas generales que nos serán transferidos, lo cual nos brinda tranquilidad y seguridad en cuanto a los recursos que recibiremos. Estamos trabajando de manera continua con el Poder Ejecutivo para planificar también lo que se espera para los años 2026, 2027 y 2028, ya que nos han solicitado información actuarial para estos tres años a fin de evaluar posibles modificaciones futuras.

En cuanto a los afiliados activos, no habrá cambios; continuarán con la misma tasa de contribución del 18.5% sobre los fictos, la cual se mantendrá inalterada hasta el 31 de diciembre del 2025. En noviembre, el poder ejecutivo tomará una decisión sobre si será necesario aumentar estos aportes a partir del 1 de enero de 2026. Esta decisión será comunicada en diciembre, lo que nos permitirá ajustar los sistemas informáticos en consecuencia.

La solución implementada por la ley es una medida temporal para abordar problemas actuales, pero también se contempla la necesidad de una solución más estructural y robusta. A tal efecto, la ley, en su artículo 14, establece la creación de una comisión de expertos compuesta por seis miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo y tres por la Caja Profesional. Esta comisión tiene la responsabilidad de estudiar la situación actual, explorar nuevas alternativas de ingresos y buscar formas de aumentar la base de aportantes, considerando aspectos como la facturación real de los afiliados.

La comisión tiene un plazo de 120 días para evaluar y presentar un informe final al Poder Ejecutivo, quien decidirá si se enviará un nuevo proyecto de ley al parlamento. Este proceso comenzará a partir del 1 de agosto, y el directorio de la Caja ya está organizando quiénes serán los delegados que participarán en este trabajo. Nuestra intención es que la Caja coordine estas reuniones y ofrezca todos sus servicios al Poder Ejecutivo para facilitar el proceso.

Es fundamental reconocer que la situación actual no es resultado de un solo factor. Ha habido una serie de cuestiones que han contribuido a esta problemática. 

Desde el año 2013, una consultora había advertido sobre la inminente crisis que enfrentamos hoy , y los directorios anteriores no lograron obtener los votos necesarios para implementar cambios significativos. Las causas son variadas: demográficas, económicas y estructurales, ya que hoy solo el 28% de los profesionales ejerce de forma independiente, mientras que el resto lo hace en relación de dependencia o de manera mixta.

La evolución del mercado laboral y la creciente feminización de los colectivos profesionales también son aspectos que debemos considerar. Las realidades de hombres y mujeres en el ámbito laboral son diferentes y requieren atención. Además, es crucial adaptar los sistemas previsionales a las necesidades actuales de los afiliados, teniendo en cuenta que muchos profesionales no eligen ser independientes, sino que optan por trabajar como empleados. 

Por último, es importante destacar que, aunque la ley proporciona una inyección de recursos y una solución temporal, se debe rediscutir el diseño de los sistemas de previsión social para adaptarse a las realidades de las nuevas generaciones de profesionales. 

De esta manera, podremos garantizar que la Caja siga siendo un instrumento eficaz y relevante para todos sus afiliados, ofreciendo soluciones que se ajusten a sus necesidades y realidades laborales.