Polémica interna en CASMU por restitución y pago de 275 mil dólares

La restitución del actual presidente del Colegio Médico, Dr. Alfredo Niggemeyer, en el CASMU, acompañada de un desembolso cercano a los 275.000 dólares, desató una de las controversias internas más relevantes de los últimos tiempos dentro de la institución. Según informó Diario La R, sectores opositores cuestionan duramente la decisión adoptada por la directiva oficialista encabezada por el Dr. Raúl Beltramelli, a la que acusan de haber actuado de forma “política, discrecional y económicamente gravosa”, sin brindar explicaciones públicas suficientes sobre sus fundamentos legales y financieros.

De acuerdo con la oposición, el episodio no constituye un hecho aislado, sino que refleja un modelo de conducción caracterizado por la concentración de decisiones en un núcleo reducido y una limitada transparencia frente a socios y trabajadores.

El eje del conflicto

El núcleo del cuestionamiento radica en establecer si existía una obligación jurídica concreta que impusiera la restitución y el pago acordado, o si se trató de una transacción adoptada por la conducción actual bajo criterios políticos o de conveniencia interna.

“Si hubo una sentencia firme que obligara a la institución, debe mostrarse. Si fue un acuerdo transaccional, deben explicarse sus términos y quién asumió la responsabilidad de firmarlo”, sostienen dirigentes opositores citados por Diario La R.

En ese marco, reclaman acceso público a una serie de documentos clave, entre ellos los informes jurídicos que habrían respaldado la decisión, el acta completa de la sesión de directiva en la que se aprobó la restitución, el detalle del acuerdo económico, el análisis de impacto financiero y el voto nominal de cada integrante del órgano de conducción.

Desde la oposición se insiste en que, al tratarse de recursos institucionales que pertenecen a los socios, el estándar de transparencia “debe ser máximo”.

275.000 dólares en una institución con tensiones financieras

El pago de 275.000 dólares es considerado especialmente sensible en una institución que históricamente ha atravesado tensiones financieras y que opera bajo exigencias regulatorias estrictas.

“Estamos hablando de recursos que podrían destinarse a equipamiento, infraestructura, mejoras salariales o fortalecimiento asistencial. No se trata de una discusión política abstracta: se trata del uso de dinero que surge de las cuotas de los afiliados”, remarcan los sectores críticos.

En ese sentido, advierten que la decisión podría comprometer la responsabilidad fiduciaria de las autoridades si no se demuestra de manera clara que la medida evitó un perjuicio mayor para la institución.

Gobernanza, controles y posibles conflictos de interés

Más allá del caso puntual, el episodio reabrió el debate sobre los mecanismos de gobernanza en las instituciones mutuales. La oposición denuncia que el oficialismo ha consolidado un esquema de conducción “cerrado”, en el que las decisiones estratégicas se adoptan sin debate amplio ni adecuada rendición de cuentas.

También plantean la necesidad de revisar los sistemas internos de control, auditoría y transparencia, con el objetivo de evitar que resoluciones de alto impacto económico se adopten sin escrutinio público.

“Una mutual no es un comité político. Es una institución de salud que administra recursos colectivos. El estándar ético y legal debe estar por encima de cualquier alineamiento”, expresaron referentes opositores.

Exigencias formales y eventuales acciones

Según consignó Diario La R, los sectores críticos ya anunciaron que solicitarán formalmente toda la documentación vinculada al caso. Asimismo, no descartan recurrir a mecanismos administrativos internos e incluso a instancias judiciales si consideran que pudo haberse configurado alguna irregularidad.

También impulsarán que el tema sea tratado en ámbitos más amplios de representación institucional, con el objetivo de que los socios conozcan en detalle los fundamentos de la operación.

La posición de la directiva y el debate

Desde la directiva oficialista sostienen que la decisión fue adoptada dentro del marco legal y en defensa de los intereses del CASMU, argumentando que el acuerdo permitió evitar un litigio potencialmente más costoso. No obstante, hasta el momento no se han difundido públicamente todos los documentos que respalden esa posición.

El conflicto no solo impacta en la dinámica interna del CASMU, sino que también plantea interrogantes más amplios sobre la transparencia y la gestión en el sistema mutual uruguayo.

En un contexto en el que la confianza pública en las instituciones constituye un activo frágil, cada decisión económica de magnitud exige claridad absoluta. Para la oposición, este episodio marca “un antes y un después” en la discusión sobre el modelo de conducción de la mutualista.

La polémica continúa abierta y, mientras no se conozcan todos los fundamentos jurídicos y financieros de la restitución y el pago, las preguntas seguirán sin respuesta.