Lacalle Pou defiende la elección de Cardama y acusa al gobierno de “operación política”

El expresidente Luis Lacalle Pou, salió a responder tras la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas.

En sus declaraciones, defendió la gestión de su administración, la actuación de los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, y criticó duramente la medida adoptada por el actual gobierno.

Un acuerdo de décadas

El exmandatario, recordó que la necesidad de contar con patrulleras oceánicas ha sido planteada en el ámbito parlamentario desde hace más de dos décadas. “Hace 20 años que había un acuerdo de que se necesitaban patrullas oceánicas. Durante la campaña electoral dijimos que las íbamos a usar”, afirmó y destacó la complejidad técnica y económica de este tipo de adquisiciones.

A su vez, defendió la elección del astillero español, al que describió como una empresa con más de un siglo de trayectoria, certificada por Lloyd’s (1870) y avalada por la embajada de España. Señaló además que durante su administración ya se habían abonado dos cuotas del adelanto de obra, lo que, a su juicio, refuerza la seriedad y legalidad del contrato.

Lacalle Pou calificó la rescisión como una “operación política” en la que el presidente Orsi “fue arrastrado”, y consideró que la decisión fue tomada sin evaluar sus implicancias. “Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró, que a construir lo que no tiene plan”, sostuvo, al advertir que la medida no solo afecta la seguridad marítima, sino también la planificación estratégica que demandó más de veinte años de trabajo.

Garantía y mecanismos alternativos

En relación con la garantía requerida para el contrato, reconoció su importancia, pero señaló que existían mecanismos alternativos que no comprometían la ejecución del proyecto. Aseguró que durante su gobierno se siguieron procedimientos rigurosos, con evaluaciones jurídicas y técnicas “para asegurar transparencia y seguridad jurídica”.

Consultado sobre eventuales presiones internacionales, Lacalle Pou negó que su administración haya recibido influencias externas en la selección del proveedor. “Elegimos a España. Ni a aliados supuestamente directos de Estados Unidos ni a empresas chinas”, enfatizó, aclarando que la decisión respondió a criterios de confiabilidad, calidad y costo.

Compra con “ciertas reservas”

Sobre las críticas al proceso de licitación, explicó que la compra de material bélico “requiere ciertas reservas” y que no se trató de una licitación abierta tradicional, sino de un llamado a precios conforme a las normativas vigentes y a las particularidades del sector.

El expresidente también vinculó la rescisión del contrato con una posible revisión de otros proyectos estratégicos impulsados por su administración, como el proyecto Arazatí, destinado a garantizar una fuente alternativa de agua potable para la zona metropolitana. A su entender, estas decisiones evidencian “un patrón de priorizar intereses políticos sobre la continuidad de iniciativas de interés nacional”.

Finalmente, insistió en la necesidad de proteger los intereses del país y advirtió que las decisiones motivadas por razones políticas pueden causar perjuicios al Estado y a la población. Subrayó que la responsabilidad última recae en el presidente de la República, aunque dijo haber intentado dialogar sobre el tema “para alertar sobre sus posibles consecuencias”.