El camino hacia la paridad política en Uruguay

Si bien Uruguay fue pionero en derechos políticos para las mujeres —fue el primero en América Latina y el Caribe en reconocer el voto femenino—, hoy se encuentra rezagado en la región en materia de representación. 

Mientras nueve países latinoamericanos ya cuentan con leyes de paridad (Costa Rica, Bolivia, Honduras, Panamá, Nicaragua, México, Argentina, y Perú), el Parlamento uruguayo aún no logra aprobar una norma que garantice la igualdad real en la participación política.

El reciente Encuentro de Mujeres en Política volvió a poner sobre la mesa el debate por la ley de paridad, un proyecto presentado en 2024 por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. 

La iniciativa expuso una contradicción persistente: el país que abrió camino a los derechos civiles de las mujeres aún no logra reflejar esa igualdad en su sistema político.

De la cuota a la paridad

La Ley de Cuotas en Uruguay, específicamente la Ley Nº 18.476 de Participación Política Femenina (también conocida como Ley de Cuotas de Género), fue promulgada el 3 de abril de 2009 y entró en vigencia de inmediato ese año.

Sin embargo, su aplicación práctica en las elecciones comenzó en 2014-2015, en las elecciones nacionales y departamentales de ese período, ya que la ley se diseñó para regular la integración de listas electorales en procesos posteriores a su aprobación. 

Esta norma establece que las listas de candidatos deben incluir personas de ambos sexos en cada terna (al menos una mujer por cada dos posiciones), aplicándose a cargos legislativos, intendencias, juntas departamentales y órganos partidarios.

Nació con el objetivo de asegurar la presencia de ambos sexos en las listas electorales, aunque en la práctica se aplicó de forma limitada.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, resume Rodríguez, quien advierte que los partidos han encontrado fórmulas para mantener el predominio masculino. Las listas suelen ubicarlas en el tercer lugar o proponen mujeres titulares con suplentes varones que luego asumen los cargos.

Desde ONU Mujeres, Magdalena Furtado coincide con este aspecto, indicando que la ley se cumple “de manera minimalista”. En la mayoría de las listas, “se respeta la regla hombre-hombre-mujer, cuando la norma permitiría combinaciones más equitativas”, indicó. Incluso recordó que en 2017 se intentó modificar la ley para que las suplencias también respetaran la paridad, pero el cambio no prosperó.

Además señaló que la aprobación de la ley de cuotas fue el resultado de un proceso largo: “Hubo ocho intentos en 20 años”. En ese contexto, considera que el reciente debate por la paridad, aunque no prosperó, dejó señales alentadoras.

Resistencia política

Para Rodríguez, la falta de avances no responde a una falta de apoyo ciudadano, sino a una resistencia interna del sistema político. “La sociedad está preparada; el Parlamento es quien resiste”, afirmó. 

Furtado comparte la visión, indicando que el problema de fondo, es la distribución del poder. “Lo que sigue existiendo en este tema es que, cuando hablamos de participación política de las mujeres, estamos hablando de una cuestión de distribución del poder”. Agregó que la experiencia internacional demuestra que “lo único que realmente ha impulsado una mayor participación han sido las medidas afirmativas. Y si los partidos no lo hacen voluntariamente, es necesario tener una ley. Pero eso implica que, cuando entran más mujeres, salen hombres”.

Rodríguez expresó que su impulso a la ley de paridad no surgió de una coyuntura política, sino de un compromiso asumido años atrás, cuando todavía era candidata a diputada. En ese entonces, prometió que en el siguiente período legislativo trabajaría para presentar una ley que garantizara la igualdad real en la representación política. 

Cumplió su palabra. Fue electa diputada y senadora, renunció a su banca en Diputados para ocupar un escaño en la cámara alta, desde donde presentó el proyecto en 2024.

“Cumplí con un compromiso, pero no solo por cumplir, sino porque lo creo necesario”. Para ella, la paridad no es una cuestión simbólica, sino una herramienta concreta para equilibrar el poder político en todos los niveles del Estado. Por eso, el proyecto no se limitaba al Parlamento, sino que también contemplaba cargos en el Poder Ejecutivo.

Rodríguez reconoce que sabía desde el principio que su sector no la acompañaría, pero esa certeza no fue obstáculo. “Desde un principio supe que no me iban a apoyar, pero, fiel a mis principios, la presenté”.

Su convicción proviene de la experiencia acumulada durante años de militancia política y de observar cómo la ley de cuotas, aunque necesaria en su momento, no logró generar una participación sustantiva de las mujeres. 

La participación de las mujeres «es fundamental»

Rodríguez considera que las mujeres deben estar presentes no solo en las listas electorales, sino también en los espacios donde se toman decisiones estratégicas para el país. En su visión, la democracia uruguaya solo alcanzará su plenitud cuando esa representación sea equilibrada. “La participación de las mujeres en el Parlamento y en el Ejecutivo es fundamental”, insistió. “No se trata de un reclamo sectorial, sino de fortalecer la democracia desde la igualdad”.

El proyecto de ley de paridad fue presentado por Rodríguez y contó con los votos del Frente Amplio, la colorada Carmen Sanguinetti y la exvicepresidenta Beatriz Argimón. Sin embargo, el Partido Nacional no acompañó la iniciativa. El resultado fue un empate: 15 votos a favor y 15 en contra.

Aunque la legisladora sabía que enfrentaba resistencias dentro de su propio partido, confió en el impulso social que había despertado la propuesta. “Hicimos una campaña muy fuerte en medios y redes, con el apoyo de mujeres, legisladoras y exvicepresidentas de otros países”, señaló. Rodríguez recuerda especialmente el respaldo de figuras internacionales, como la exvicepresidenta Epsy Campbell Barr, que viajó a Uruguay para apoyar la ley. 

Las encuestas también mostraban un consenso creciente en favor de la paridad, lo que alimentó su expectativa de que la votación podría inclinarse a favor.

“Ganaron, pero no convencieron”, expresó Rodríguez al cerrar aquella sesión. Una frase que resume su convicción de que el debate no está cerrado.

Democracia representativa

Para Furtado, la discusión sobre la paridad no se trata solo de una demanda de género, sino de un problema democrático. “Si la democracia es representativa, debe reflejar la composición de la sociedad, que naturalmente es mitad mujeres y mitad hombres”, indicó.

Los datos acompañan su argumento; aunque las mujeres representan más del 50% del electorado uruguayo, su participación en el Parlamento ronda apenas el 22%. En los gobiernos departamentales, la brecha es aún mayor.

Se abre otra puerta

El antecedente de la ley de cuotas muestra que los cambios estructurales no ocurren de un día para otro. Aquella norma fue el resultado de ocho intentos legislativos en 20 años. Por eso, Furtado se muestra optimista: “Estos temas precisan maduración. Hoy hay más conciencia, más ejemplos regionales y una ciudadanía que lo entiende como algo natural”, explicó.

Rodríguez coincide en que el proceso es irreversible. “La paridad está instalada. No se puede resistir. La ciudadanía la está reclamando”, aseguró, convencida de que la aprobación llegará en este período.

Uruguay enfrenta el desafío de recuperar el liderazgo regional que alguna vez tuvo en materia de derechos de las mujeres. La paridad no es solo una consigna política, sino un instrumento de justicia democrática.

La legisladora reivindica el legado de las históricas feministas que abrieron el camino: “Lograron el voto, la ley de la silla, derechos que hoy gozamos. Soy feminista del diálogo, de las que creen en el intercambio con los líderes varones”.

Esa mirada, conciliadora, busca tender puentes. “No se trata de imponer mujeres —dice—, sino de compartir el poder con equilibrio”.

En este nuevo período de gobierno, el tema volverá a ocupar espacio en la agenda parlamentaria. El oficialismo ya manifestó su intención de presentar un proyecto de paridad.

El nuevo escenario político, más receptivo a las demandas de igualdad y con una ciudadanía cada vez más consciente de la necesidad de equilibrar la representación, abre una oportunidad real para que la paridad deje de ser una aspiración y se convierta, por fin, en una política de Estado.

Uruguay, pionero en derechos, se enfrenta al desafío de vencer la resistencia interna para volver a liderar desde la igualdad.