Cárceles y género: desigualdad, pobreza y violencia en un sistema que no las escucha

La Lic. Florencia Roldán, politóloga con una maestría en Derechos Humanos y Democracia, con una diplomatura de género, nos habla de Crisálidas, una iniciativa que busca visibilizar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en Uruguay. Con una vasta trayectoria en investigaciones relacionadas con derechos humanos y encarcelamiento, Roldán ha trabajado en varias investigaciones, siendo esta la tercera que realiza en el contexto penitenciario. 

“Crisálidas busca intervenir en diferentes áreas, desde la investigación hasta la formación de operadores penitenciarios y el fortalecimiento de la sociedad civil”, explicó Roldán durante una entrevista reciente con El Explorador. El proyecto, financiado por la Unión Europea, comenzó en 2021 y se ejecuta en colaboración con diversas organizaciones sociales como El Abrojo, Misangas, la Red de Economía Humana para la Vida y Vida y Educación. Estas instituciones forman parte del Plenario de Organizaciones Sociales, que ha trabajado en conjunto para implementar el proyecto en distintos frentes. Desde su inicio, Crisálidas ha avanzado en tres áreas claves: la investigación, la formación de funcionarios y el fortalecimiento de la sociedad civil, con especial atención a las mujeres privadas de libertad.

Componentes del proyecto

Uno de los elementos distintivos de Crisálidas es su enfoque multidimensional. En el ámbito de la investigación, el equipo de Nómade, al cual pertenece Roldán, realizó dos diagnósticos exhaustivos en los años 2022 y 2024 sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Uruguay. Este estudio ha sido pionero en el país, no solo por su enfoque metodológico mixto, que combina herramientas cuantitativas y cualitativas, sino también por su compromiso con escuchar directamente a las mujeres que están privadas de libertad. “Hasta ahora, los estudios sobre mujeres encarceladas en Uruguay se basaban en informes administrativos o en los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), pero nunca antes se había considerado la voz directa de las mujeres”, señaló Roldán.

El componente formativo, liderado por la Dra. Ana Juanche, ha sido igualmente importante, pues se han desarrollado diplomaturas para funcionarios públicos y operadores penitenciarios con el fin de sensibilizar y formar al personal sobre la realidad de las mujeres privadas de libertad. Finalmente, el fortalecimiento de la sociedad civil ha sido implementado por organizaciones como Vida y Educación y Misangas, las cuales han ofrecido talleres y cursos de formación laboral dentro de las cárceles y acompañamiento a mujeres egresadas.

Características de la población femenina encarcelada

Uno de los aspectos más reveladores del diagnóstico realizado por Crisálidas es la caracterización de la población femenina privada de libertad en Uruguay. A través de encuestas y entrevistas hechas a mujeres en prisión, el equipo de investigación ha identificado una serie de características comunes que reflejan la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta este grupo. “Ocho de cada diez mujeres que están en prisión tienen entre 18 y 39 años, y un porcentaje significativo de ellas han tenido maternidades tempranas”, comentó Roldán. Este factor, vinculado al abandono escolar, agrava aún más su vulnerabilidad, ya que más del 70% de las mujeres encarceladas no ha completado el primer ciclo educativo. En las zonas rurales, esta cifra se eleva al 85%, lo que pone de manifiesto las barreras estructurales que enfrentan estas mujeres para acceder a una educación básica.

Roldán también destacó las condiciones precarias en las que muchas de estas mujeres han vivido antes de ser encarceladas. “Las trayectorias laborales de estas mujeres son muy precarias, no solo en términos de ingresos, sino también en cuanto a la informalidad y la falta de derechos laborales”, afirmó. Esta situación se ve agravada por la violencia intrafamiliar que muchas de ellas han sufrido, así como por su involucramiento en delitos relacionados con el tráfico de drogas. “El 46% de las mujeres están en prisión por delitos relacionados con las drogas, muchas veces como el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico”, explicó.

Un aumento en las cifras

El diagnóstico de Crisálidas ha revelado un incremento notable en el número de mujeres encarceladas en los últimos años. Mientras que en el año 2000 había alrededor de 200 mujeres privadas de libertad, en 2024 la cifra ha ascendido a más de 1.300. Este aumento del 900% en las últimas dos décadas es una tendencia preocupante. “Este crecimiento en el encarcelamiento de mujeres se debe, en gran medida, a los cambios normativos recientes, como la Ley de Urgente Consideración (LUC), que endureció las penas por delitos de microtráfico y tráfico doméstico”, explicó Roldán.

Además del crecimiento en el número de mujeres encarceladas, Roldán señaló que las mujeres privadas de libertad están cumpliendo penas más largas que en el pasado, lo que ha generado un aumento en la población penitenciaria femenina. “Muchas mujeres están cumpliendo penas de cuatro años o más por delitos que, en ocasiones, están relacionados con el consumo propio de drogas o el tráfico de pequeñas cantidades”, subrayó.

Índice de vulnerabilidad

Uno de los aportes más innovadores del equipo de Nómade ha sido la creación de un índice de vulnerabilidad para medir el grado de exclusión social que enfrentan las mujeres encarceladas. Este índice, que va de 0 a 1, se construyó utilizando tres variables: educación, maternidad y trabajo. “Cuanto más cerca estés del 1, más vulnerable eres, y el índice que obtuvimos en 2024 fue de 0,721, lo que indica una situación de alta vulnerabilidad para estas mujeres”, explicó.

El índice de vulnerabilidad reveló un deterioro en las condiciones de vida de las mujeres encarceladas. “Si bien ya sabíamos que estas mujeres enfrentan múltiples desventajas, el índice muestra cómo se han profundizado estas vulnerabilidades a lo largo del tiempo”, comentó. Este aumento de la vulnerabilidad se refleja en diversas áreas: la falta de acceso a la educación, las trayectorias laborales precarias y la maternidad temprana, que condicionan sus oportunidades de desarrollo.

Además de las condiciones estructurales que afectan a todas las mujeres encarceladas, el diagnóstico también identificó subgrupos que enfrentan desafíos específicos. “Entre la población femenina encarcelada, hay una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes, que constituyen el 18% de la población carcelaria, a pesar de que solo representan el 8% de la población total en Uruguay”, indicó. También se identificó una creciente presencia de mujeres migrantes y extranjeras en las cárceles uruguayas, muchas de las cuales están involucradas en el tráfico de drogas como “mulas”. “Estas mujeres son especialmente vulnerables, ya que muchas veces no cuentan con redes de apoyo en el país”, añadió.

Condiciones de vida en las cárceles

Las condiciones en las cárceles uruguayas han sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, y el diagnóstico de Crisálidas no es una excepción. “Las cárceles no están preparadas para recibir a mujeres. Son espacios que perpetúan las desigualdades y no ofrecen condiciones dignas para cumplir las penas”, afirmó. El hacinamiento es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres en prisión. “En Montevideo, el hacinamiento ya no resiste más. Hay celdas con hasta 30 mujeres y un calefón para 80 internas”, denunció la investigadora.

La situación es igualmente preocupante en otras áreas, como el acceso a la alimentación y la salud. Según el estudio, el 61% de las mujeres encarceladas dependen de los alimentos que reciben del exterior, ya que la comida proporcionada en las cárceles es insuficiente y de mala calidad. “Las mujeres dependen de sus familiares para alimentarse adecuadamente, pero las visitas han disminuido en un 15-20% desde 2022, lo que agrava aún más su situación”, comentó Roldán. Además, las mujeres privadas de libertad carecen de acceso adecuado a servicios de salud y de asesoramiento legal, lo que les impide conocer y reclamar sus derechos. “Muchas de ellas ni siquiera conocen a sus abogados o no saben cómo funciona el sistema de redención de penas”, agregó.

Salud mental y efectos de la encarcelación

Otro de los aspectos más preocupantes del diagnóstico del proyecto Crisálidas es el impacto que tiene la privación de libertad en la salud mental de las mujeres. Al ingresar en prisión, un 12,8% de las mujeres reportó problemas de salud mental, pero esta cifra aumentó al 50% durante su tiempo en la cárcel. “El encarcelamiento tiene un efecto devastador en la salud mental de las mujeres, quienes en muchos casos ya llegan a la cárcel con una historia de traumas relacionados con la violencia y la pobreza”, indicó.

Una de las principales demandas de las mujeres entrevistadas fue la necesidad de espacios de escucha y apoyo emocional. “Muchas de ellas mencionan que, cuando solicitan ayuda para hablar sobre sus problemas, lo único que reciben son medicamentos psiquiátricos. Las “canicas”, “estamos todas ‘encanicadas’, como ellas mismas lo dicen, debido a la alta medicalización sin ningún tipo de terapia o acompañamiento psicológico”, explicó la entrevistada. Este déficit en el apoyo emocional ha contribuido al deterioro de la salud mental de las mujeres encarceladas, quienes viven en condiciones de hacinamiento y tensión constante, lo que exacerba sus problemas psicológicos.

Desafíos para la reintegración y la reincidencia

El proceso de reintegración social de las mujeres que egresan de las cárceles es otro de los grandes desafíos que plantea el diagnóstico de la investigación. Según Roldán, una de las principales debilidades del sistema penitenciario uruguayo es la falta de un modelo adecuado para acompañar a las mujeres durante el proceso de egreso. “Las mujeres se enfrentan a su liberación sin ninguna red de contención, lo que las exponen nuevamente a los mismos riesgos que las llevaron a la cárcel”.

Además, la alta tasa de reincidencia es un reflejo de la ineficacia del sistema para ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y reintegración. “El 30% de las mujeres reincide en los primeros seis meses después de su liberación, y un 60-70% lo hace en los primeros tres años”, señaló Roldán, citando datos del INR. Este fenómeno, conocido como “la puerta giratoria”, es una consecuencia directa de las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión social de las mujeres. “Sin acceso a empleo, educación y una red de apoyo, es casi imposible para estas mujeres romper el círculo vicioso”.

A pesar de los esfuerzos del proyecto Crisálidas por ofrecer capacitación laboral dentro de las cárceles, muchas mujeres encuentran dificultades para aplicar lo aprendido una vez que salen en libertad. “Existen plazas laborales dentro de las cárceles, pero no siempre están alineadas con las oportunidades de empleo fuera del sistema penitenciario, lo que dificulta la inserción laboral”, indicó Roldán. A esto se suma el estigma social que enfrentan las mujeres expresidiarias, lo que limita sus oportunidades laborales y las empujan nuevamente hacia el delito.

El diagnóstico del proyecto Crisálidas concluye que es necesario repensar las políticas penitenciarias en Uruguay desde una perspectiva de género. “Es fundamental que el Estado implemente medidas sustitutivas a la privación de libertad, especialmente para las mujeres con hijos. Actualmente hay 70 niños privados de libertad junto con sus madres, lo que es inaceptable”.

Asimismo, el informe sugiere fortalecer los programas de reintegración laboral, tanto en el sector público como en el privado. “Hay ejemplos exitosos, como la empresa Teyma, que ha contratado a personas liberadas, pero se necesitan más incentivos para que otras empresas sigan este camino”, recomendó Roldán. También se destacó la importancia de mejorar las condiciones dentro de las cárceles, garantizando el acceso a educación, salud y asesoramiento legal, y de ofrecer un acompañamiento emocional adecuado a las mujeres privadas.

En resumen, el proyecto Crisálidas ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de transformar el sistema penitenciario en Uruguay para garantizar los derechos humanos de las mujeres encarceladas y ofrecerles oportunidades reales de rehabilitación y reinserción social. “Solo así podremos romper el ciclo de exclusión y vulnerabilidad que condena a estas mujeres a una vida de pobreza y reincidencia”.