Acuerdo en el Senado por el Casmu: prorrogaron la intervención y dejaron pendiente el Fondo de Garantía de 120 millones de dólares
El plenario del Senado votó este lunes el proyecto que extiende por dos años la intervención de la mutualista, a horas de que venciera el plazo vigente. El artículo sobre el acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos quedó desglosado y su aprobación quedó supeditada a que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento documentación adicional reclamada por la oposición.
La Cámara de Diputados sesiona este martes para dar sanción definitiva a la extensión de la intervención.
Según consignó Diario La R el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo buscaba su aprobación desde el viernes pasado, pero la falta de votos obligó a abrir una instancia de diálogo entre el Frente Amplio y la Coalición Republicana que se prolongó durante toda la jornada del lunes.
Antes de llegar al plenario, la Comisión de Hacienda integrada con Salud Pública recibió al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al subsecretario, Martín Vallcorba, al subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, y al presidente del Casmu, Domingo Beltramelli, entre otras autoridades.
En una primera instancia, el texto tuvo respaldo del oficialismo en comisión, con diez votos en diecisiete integrantes. Las conversaciones continuaron por la tarde y permitieron destrabar un acuerdo político que llevó el proyecto a aprobarse en el plenario por unanimidad.
Qué se votó y qué quedó pendiente
El Senado resolvió aprobar de inmediato la prórroga de la intervención del Casmu por un nuevo plazo de dos años, ante el vencimiento del período vigente este miércoles. En cambio, el artículo referido al acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos —creado por la Ley 18.439, por un monto estimado en 120 millones de dólares— fue desglosado del proyecto y su tratamiento quedó pendiente.
De acuerdo con lo publicado por la diaria, se le solicitó al Poder Ejecutivo que remita el plan de reestructuración del Casmu, los informes de los interventores correspondientes a 2025 y 2026, los estados contables de los últimos dos ejercicios, la nómina de acreedores parabancarios de los últimos tres años, el listado de proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas en los últimos cinco ejercicios y las auditorías realizadas en el mismo período.
Los legisladores firmantes se comprometieron a aprobar el acceso al fondo dentro de los quince días de recibida esa información completa, y el Poder Ejecutivo deberá además enviar informes trimestrales a las comisiones de Salud Pública de ambas cámaras sobre la evolución del proceso.
Bordaberry: “No es responsable ampliar algo a 120 millones de dólares sin tener toda la información”
El senador colorado Pedro Bordaberry explicó que la oposición mantiene disposición a acompañar la iniciativa, aunque reclamó contar antes con todos los elementos de juicio. “No es responsable ampliar algo a 120 millones de dólares sin tener toda la información y todos los documentos que necesitamos para estudiar adecuadamente las cosas”, señaló.
Aclaró que la Coalición Republicana no cuestiona el monto solicitado por el Ejecutivo: “No pretendemos bajar ese monto. Lo que decimos es: estamos dispuestos a acompañar, pero tienen que darnos la información”.
Entre los puntos que la oposición busca esclarecer mencionó la situación de los acreedores parabancarios y las condiciones en que fueron otorgados esos préstamos. “Nosotros acá no venimos solamente a creer lo que nos dicen; tenemos que chequearlo y revisarlo”.
Durante su intervención cuestionó los tiempos del Poder Ejecutivo, que conocía desde abril de 2025 que la prórroga vencía el 29 de julio de 2026 y remitió el proyecto seis días antes: “No habla muy bien de la eficiencia y del seguimiento que se hace si se manda al Parlamento seis días antes del vencimiento”.
Borbonet: “Se tuvo que ceder de ambas partes”
El senador frenteamplista Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, destacó que las tres bancadas coincidieron en la necesidad de extender la intervención. “Al principio se planteó de 90 días, de un año, se consiguió de dos años, que fue lo que originalmente vino. Creo que eso es una cosa muy importante para la institución del Casmu”, afirmó.
Respecto al monto del Fondo de Garantía, precisó que no se trata de recursos para cubrir nuevas obligaciones sino de una herramienta para reestructurar los pasivos ya existentes: “Es una reestructuración que incluye todos los pasivos existentes. Por lo tanto, esos 120 millones ya incorporan todos los pasivos que tenía el Casmu”.
Según explicó, cerca del 70% del monto corresponde a deudas ya existentes, mientras que el resto se vincula a intereses generados por mecanismos de financiamiento de corto plazo. “Solamente quedaría un 20% aproximado del monto que se tendría que dar”, indicó.
A su vez, remarcó el alcance social de la institución con 170.000 usuarios y 6.000 funcionarios.
Gustavo Salle: “Se parece más a una asociación para delinquir que a una prestadora de servicios médicos”
El diputado Gustavo Salle cuestionó que se pretendiera votar una garantía de 122 millones de dólares en 48 horas “con documentación reservada o secreta”, al punto de que, según dijo, no podría manejar esa información públicamente en el plenario sin quedar expuesto al artículo 115.
Durante su intervención planteó que con la información que ha recabado “esta institución necesita de una urgente comisión investigadora. El Casmu —y lo digo por mi deformación profesional, por haber sido funcionario de la ex Fiscalía del Crimen de 4º turno—, por lo menos en un sector importante, no en todos los señores médicos, se parece más a una asociación para delinquir que a una prestadora de servicios médicos”.
Agregó que tiene “referencias”, “documentos” y “testimonios de conductas con apariencia criminal groseras”, y advirtió sobre las implicancias de usar fondos públicos para pagar a los prestamistas: “Si nosotros utilizamos dinero público para pagar a los acreedores que practicaron usura, nosotros formamos parte del iter criminis delictivo tipificado como usura. Pasamos a ser un Poder Legislativo criminal”.
Reclamó además la derogación de las ordenanzas 911 y 360, que calificó como “el bochorno antidemocrático, tiránico, dictatorial y de opacidad institucional” que impide a los legisladores acceder a la documentación, y pidió que se investigue un archivo de una denuncia penal previa contra el Casmu que, según dijo, es “un archivo sospechoso”.
Cerró comparando el monto en juego con otros casos que motivaron comisiones investigadoras: “El Parlamento tiene que formar una comisión investigadora sobre el Casmu, como lo hizo con el tema de la estancia María Dolores por USD 32.000.000, y como lo hizo con Cardama por USD 98.000.000. ¡Acá son USD 122.000.000!”.
El proyecto continúa en la Cámara de Diputados
El proyecto de prórroga de la intervención se vota este martes en la Cámara de Diputados, donde se espera que reúna los votos necesarios para su sanción definitiva. El acceso al Fondo de Garantía por 120 millones de dólares quedará para una instancia posterior, una vez que el Poder Ejecutivo remita la documentación comprometida, con un plazo acordado de quince días para su tratamiento parlamentario.
Foto: Parlamento del Uruguay
