“Cajas negras” en los blocks quirúrgicos

La posibilidad de que todas las intervenciones quirúrgicas realizadas en Uruguay queden registradas mediante sistemas de audio y video volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y política. La propuesta, inspirada en el funcionamiento de las «cajas negras» de la aviación comercial y promovida originalmente hace más de una década por la organización civil Cuidar la Vida, fue reactivada recientemente en el Parlamento a raíz de la conmoción generada por el caso de la anestesista sancionada tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. 

La iniciativa, que propone la instalación obligatoria de cámaras y sistemas de grabación en todos los blocks quirúrgicos públicos y privados del país, busca transformar la forma en que se registran y controlan las intervenciones médicas, con el objetivo declarado de mejorar la seguridad de los pacientes, proteger a los profesionales y facilitar el esclarecimiento de eventuales situaciones de negligencia o mala praxis.

Aunque el debate no es nuevo, la evolución tecnológica y la creciente demanda social de transparencia en los procedimientos médicos han vuelto a colocar sobre la mesa una discusión que enfrenta argumentos sanitarios, éticos, jurídicos y económicos.

Una idea nacida del dolor

El origen de la propuesta se remonta a 2013, cuando la Asociación Cuidar la Vida presentó ante la Comisión de Salud del Senado un proyecto de ley inspirado en experiencias implementadas en Japón y otros países.

La principal impulsora de aquella iniciativa fue Liropeya Camblor de Aguirre, madre de Rodrigo Aguirre, un joven de 23 años fallecido en circunstancias que su familia atribuyó a una presunta mala praxis médica.

“Después del fallecimiento de mi hijo siempre pensé en hacer algo para que no volvieran a suceder este tipo de equivocaciones, para que se filmaran las operaciones y quedara registrado, por si pasa un accidente o una catástrofe como la que nos pasó, para que no haya dudas”, expresó entonces Camblor al presentar la propuesta.

Rodrigo —hermano del ex jugador y ex director técnico de Peñarol, Diego Aguirre— ingresó para someterse a una intervención menor (la extirpación de un ganglio) y sufrió un paro cardíaco que resultó fatal. La Justicia determinó más tarde que hubo mala praxis, ya que el paciente no fue monitoreado adecuadamente por el anestesista a cargo durante y después de la administración de los fármacos. 

Este doloroso caso llevó a la familia Aguirre a iniciar acciones legales en su momento e impulsó la creación de proyectos y asociaciones civiles orientados a promover la seguridad y el cuidado de los pacientes en el ámbito quirúrgico.

Complejidad de los procedimientos

La organización sostuvo desde un principio que el sistema de salud moderno, debido a la creciente complejidad de sus procedimientos, requiere mecanismos adicionales de control y trazabilidad que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido durante una intervención quirúrgica.

En 2017, la Diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) presentó un proyecto de ley que no prosperó (si siquiera se llegó a tratar en comisión y fue archivado) por el cual se declara obligatorio el uso de dispositivos de audio y video en los bloques quirúrgicos de todos los centros de salud, tanto públicos como privados, los que tendrán por objetivo registrar la totalidad de las acciones y procedimientos que se cumplan en los mismos.

La iniciativa establecía, a texto expreso, que en todos los casos “deberá asegurarse la privacidad de los usuarios y del personal de salud que se encuentre presente o intervenga en las acciones y procedimientos y resulten filmados o grabados, rigiendo el principio de confidencialidad como derecho y deber de todas las partes”.

La legisladora colorada señala en la Exposición de Motivos que el mencionado proyecto recoge una inquietud de “la Asociación Civil Rodrigo Aguirre Camblor”, que le hizo llegar la iniciativa con “el fin de prever que no se susciten situaciones adversas que involucren al personal de salud en el cumplimiento de las prestaciones y acciones en la asistencia sanitaria”. Anteriormente, ya se habían presentado iniciativas similares que tampoco prosperaron fueron presentadas, por ejemplo, por el entonces senador Alfredo Solari y por el senador Pedro Bordaberry.

La comparación con las cajas negras utilizadas en la aviación no fue casual. Al igual que ocurre en el transporte aéreo, los promotores del proyecto consideran que la existencia de registros inviolables permitiría aprender de los errores, prevenir nuevas tragedias y establecer responsabilidades con mayor certeza.

El caso Soledad Barrera reactivó el debate

La discusión volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas tras la comparecencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ante la Comisión de Salud del Senado, convocada para brindar explicaciones sobre la reducción de la sanción aplicada a la anestesista Inés Miralles en el marco del caso de la pediatra Soledad Barrera.

Barrera falleció en agosto de 2024, diez meses después de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía programada para la extracción de vesícula.

En ese contexto, el senador colorado Pedro Bordaberry, con algunas variantes, resolvió volver a presentar formalmente el proyecto de grabación obligatoria de las intervenciones quirúrgicas, retomando iniciativas legislativas que ya había promovido en 2013 y 2015.

“Hoy existe un enorme avance tecnológico. Colocar cámaras, almacenar información en la nube y preservar registros ya no representa una dificultad técnica significativa”, sostuvo el legislador.

Según Bordaberry, disponer de registros audiovisuales permitiría esclarecer situaciones complejas, proteger a los pacientes y también resguardar a los profesionales que actúan correctamente. “Nos ayudaría a evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”, afirmó.

Transparencia versus privacidad

Uno de los principales debates que genera la propuesta refiere a la tensión entre transparencia y privacidad.

Los defensores del proyecto sostienen que el registro audiovisual no constituye un mecanismo de vigilancia, sino una herramienta de seguridad y protección jurídica.

Argumentan además que actualmente múltiples procedimientos médicos ya se registran mediante sistemas digitales y que la tecnología disponible permite garantizar altos niveles de seguridad y confidencialidad.

Sin embargo, algunos sectores médicos advierten sobre las dificultades prácticas y éticas que podría generar la implementación masiva de estos sistemas.

El Sindicato Médico del Uruguay no ha adoptado hasta el momento una posición institucional definitiva sobre el proyecto y se encuentra analizando sus implicancias.

Por su parte, representantes del Sindicato Anestésico Quirúrgico han manifestado que, si bien el objetivo perseguido es legítimo y compartible, la implementación universal de sistemas de grabación plantea importantes desafíos técnicos, económicos y operativos.

Entre las interrogantes planteadas figuran aspectos relacionados con la custodia de los registros, el tiempo de almacenamiento, el acceso a la información, la protección de datos sensibles y la eventual utilización judicial de las grabaciones.

La experiencia internacional

La propuesta encuentra antecedentes en diversos países que han avanzado en mecanismos de registro audiovisual en ámbitos quirúrgicos específicos.

Japón ha sido uno de los principales referentes en esta materia, desarrollando sistemas de monitoreo destinados a fortalecer los controles internos y mejorar la seguridad asistencial.

En Estados Unidos y algunos países europeos también existen experiencias parciales de grabación de procedimientos quirúrgicos, aunque generalmente vinculadas a programas de control de calidad, formación médica o investigación clínica.

Sin embargo, la implantación obligatoria y generalizada de sistemas audiovisuales para todas las cirugías continúa siendo una excepción a nivel internacional.

Los especialistas coinciden en que cualquier iniciativa de este tipo requiere establecer previamente marcos regulatorios precisos sobre protección de datos, confidencialidad, acceso a la información y responsabilidades institucionales.