Uruguay adhirió a las declaraciones de Chapultepec y Salta II sobre libertad de prensa y derechos digitales
Uruguay suscribió este lunes en Torre Ejecutiva las declaraciones de Chapultepec y Salta II. Dos documentos impulsados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que establecen principios para la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos vinculados al entorno digital.
El acto contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el canciller Mario Lubetkin; y una delegación de la SIP encabezada por su primer vicepresidente, Carlos Jornet.
Durante la ceremonia, Orsi firmó ambos documentos, que establecen estándares regionales para proteger el ejercicio del periodismo y garantizar el acceso a la información en democracia.
Un paso en defensa de la libertad de prensa
En su intervención, Orsi señaló que la adhesión del país a estos principios responde a una convicción histórica del sistema democrático uruguayo.
“El Uruguay, su sociedad, sus medios de comunicación, sus periodistas y sus representantes políticos creemos y defendemos con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática”.
Explicó que la Declaración de Chapultepec, es una referencia regional para la defensa de estas libertades. La misma, contiene diez principios destinados a prevenir la censura y proteger el trabajo periodístico.
“Se trata de recomendaciones muy claras para prevenir la censura y el abuso de autoridad contra medios y periodistas. Nos recuerdan además que estos derechos incluyen la protección de las fuentes periodísticas, la transparencia en la gestión y derecho que tiene la sociedad al acceso de la información pública. Son principios que han sido consagrados y garantizados tanto en nuestras normas constitucionales y legales como en la práctica cotidiana, en el ejercicio del gobierno. También han sido recogidos por decisiones de nuestra justicia cuando le ha tocado resolver temas vinculados con estas libertades”.
“Defensor de las libertades fundamentales”
El mandatario agregó que la defensa de estas libertades forma parte de su trayectoria política y del sistema institucional del país. “En mi vida pública he sido un convencido defensor de las libertades fundamentales, el diálogo y los valores republicanos”. Agregó que “los uruguayos creemos profundamente en el valor de la libertad. Sin por ello tener que sacrificar la búsqueda de mejores condiciones e igualdad de oportunidades”.
En ese sentido, sostuvo que la democracia uruguaya se ha fortalecido a lo largo de distintos gobiernos. Aclarando que “los países no se refundan cada cinco años y somos más robustos cuando apostamos a la acumulación positiva en todos sus órdenes”.
También recordó que, al celebrarse los 40 años del retorno a la democracia, los expresidentes coincidieron en la importancia de preservar las libertades fundamentales y evitar que el debate público derive en ataques personales o desinformación.
Nuevos desafíos para la libertad de expresión
Durante su discurso, Orsi señaló que la evolución tecnológica plantea nuevos retos para la democracia y el ejercicio del periodismo. En ese sentido, afirmó que “la construcción de la democracia nunca está culminada y en esta nueva era de la comunicación surgen nuevos desafíos vinculados a las plataformas de Internet”.
El presidente adelantó además que el gobierno mantendrá un canal de diálogo con la SIP para abordar los desafíos que puedan surgir en materia de libertad de prensa.
Asimismo, indicó que el Poder Ejecutivo presentará “especial atención” a las amenazas contra periodistas. En particular, aquellas vinculadas al accionar del crimen organizado y a otras formas de violencia que puedan afectar el ejercicio de la actividad periodística.
La importancia del compromiso regional
Desde la SIP, su primer vicepresidente, Carlos Jornet, valoró la decisión del gobierno uruguayo y destacó la tradición democrática del país.
Jornet recordó que Uruguay fue junto a Argentina, uno de los primeros países del continente en adherir a la Declaración de Chapultepec en la década de 1990. Además, subrayó que con la firma realizada este lunes, el país se convierte en el primero del Cono Sur en adherir a la Declaración de Salta II, que aborda los desafíos actuales vinculados al ecosistema digital y la circulación de información en internet.
El representante de la SIP también destacó el clima democrático del país, señalando que la decisión del presidente representa una “demostración cabal del clima de convivencia que caracteriza a Uruguay”.
En ese marco, afirmó que la libertad de expresión implica poder investigar y opinar sin represalias. “De eso se trata la libertad de expresión. De poder decir y escribir lo que se piensa desde el respeto y no recibir represalias por ello”.
Jornet sostuvo además que este principio es especialmente relevante para el trabajo periodístico. “No ser perseguido ni discriminado por investigar al poder». También, «No enfrentar restricciones de acceso a información pública porque la información es del pueblo, no de quien gobierna». Por otro lado, «No afrontar demandas millonarias que, aunque luego sean desestimadas tienen efectos inhibitorios en la participación y el control ciudadano. Tampoco ser citado a revelar las fuentes ni ser perseguido o temer males mayores.”.
El dirigente advirtió que Uruguay no se encuentra exento de riesgos en esta materia. Aunque continúa siendo uno de los países mejor posicionados en la región. “Aspiramos que este gesto, que lo honra el presidente Orsi, sea una marca permanente de su gestión”, concluyó.
Qué establecen las declaraciones
La Declaración de Chapultepec fue aprobada en 1994 y reúne diez principios que establecen que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales y no concesiones de los gobiernos.
Entre otros aspectos, promueve el acceso a la información pública, la protección de las fuentes periodísticas y la prohibición de cualquier forma de censura o presión contra los medios.
Por su parte, la Declaración de Salta —actualizada en 2024— adapta esos principios al contexto digital. El documento plantea garantías para proteger la libertad de expresión en internet. Abordar el impacto de las plataformas tecnológicas y enfrentar problemas como la desinformación, la vigilancia digital o el uso indebido de algoritmos.
También propone medidas para asegurar la transparencia en el uso de datos, la protección de la propiedad intelectual del periodismo y la seguridad de los periodistas frente a ataques o campañas de hostigamiento en línea.
