El Plan Nacional de Seguridad Pública “ya comenzó a andar”

En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025-2035, se llevó a cabo en el salón de actos de Torre ejecutiva el Cierre de los Encuentros por Seguridad, instancia que reunió al ministerio del Interior, organismos nacionales, especialistas y más de 70 instituciones publicas y privadas para avanzar en la elaboración de dicho plan el cual será presentado en marzo 2026.

Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, la subsecretaria Gabriela Valverde, el coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, Emiliano Rojido, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya da Rosa, y la jefa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mariana Kiefer. El evento dejo como mensaje que la seguridad es el principal desafío del país y solo puede enfrentarse con una estrategia multidisciplinaria, seria y sostenida.

Rojido: “Con la seguridad pública se juega todo”

En su presentación, Emiliano Rojido realizó un detallado balance del proceso participativo que dio forma a los encuentros. “No tenemos un problema más importante. Con la seguridad pública se juega todo. Se juega el desarrollo económico de nuestro país, la cohesión social. Se juega la fortaleza de nuestras instituciones y de nuestra democracia”.

Recordó que los encuentros surgieron tras la convocatoria del 28 de julio, cuando el presidente y el ministro del Interior llamaron a múltiples sectores a “ser parte de la solución”. Participaron 79 instituciones y más de 150 actores en términos de segunda jerarquía, incluyendo ministerios, gobiernos departamentales, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, academia y partidos políticos.

Rojido destacó que el proceso tuvo tres pilares: encuentros por seguridad, la plataforma de participación ciudadana y la mesa de trabajo con autoridades de la Policía Nacional

El trabajo permitió identificar cinco ejes estratégicos: homicidios, violencia basada en género y contra NNA, armas y municiones, narcotráfico, ciberdelitos y fraudes informáticos, además de dos áreas transversales: el sistema de justicia criminal y el sistema de prevención de la violencia.

Se recibieron 92 propuestas estructuradas, además de decenas de ideas con potencial de convertirse en políticas públicas. El diagnóstico identificó fortalezas (presencia territorial del Estado, capital político, sociedad civil activa), debilidades (coordinación interinstitucional insuficiente, crisis penitenciaria, falta de evaluación), oportunidades (tecnología, cooperación internacional, trabajo con sector privado) y amenazas (coyuntura electoral, estigmatización, sofisticación criminal).

Entre las iniciativas mencionadas por Rojido se incluyeron:

• Creación de comisarías en zonas críticas.
• Un programa interinstitucional para heridos por arma de fuego.
• Fortalecimiento de GESEL para evitar revictimización.
• Controles rigurosos de armas y municiones.
• Mecanismos para combatir el microtráfico y proteger testigos.
• Cursos de especialización en cibercrimen.
• Una rectoría nacional en prevención del delito.

Rojido afirmó que el Plan Nacional “ya comenzó a andar” y mencionó avances como acuerdos con BID y OEA, implementación del programa Más Barrio y un préstamo de USD 25 millones para educación policial, inteligencia e infraestructura penitenciaria. “Hoy tenemos la oportunidad de avanzar juntos hacia un Uruguay más seguro”, concluyó.

Carlos Negro: “La seguridad no puede esperar”

El ministro del Interior, Carlos Negro, subrayó que el país atraviesa una realidad desafiante donde el crimen organizado “muta como un virus muta como un virus y diversifica sus actividades dentro y fuera del marco legal”. Recordó que desde su asunción se impulsó una estrategia integral que combina respuesta inmediata y planificación a largo plazo: “La seguridad no puede esperar. Por eso trabajamos a diario en consecuencia”.

A su vez, destacó los operativos contra el narcotráfico —incluyendo incautaciones como la operación Nueva Era—, la detención de responsables de atentados recientes y el fortalecimiento del cibercrimen. Señaló que Uruguay registra una baja general del 5,3% en los delitos y un aumento en la aclaración de homicidios.

A nivel institucional, anunció mejoras en formación policial, incremento salarial, incorporación de 1.500 efectivos y avances tecnológicos como más de 2.700 cámaras, drones y lectores LPR en peajes.

El ministro resaltó que los encuentros por seguridad constituyen un proceso inédito:
“Un espacio donde distintos actores se sentaron en la misma mesa para pensar la seguridad de nuestro país. Cada reunión fue un ejercicio de escucha, participación y compromiso”.

Agregó que: “Enfrentar el crimen organizado no es solo un deber de seguridad: es un deber con la República, con la democracia y con la igualdad de derechos”.

Azambuya: educación policial, información y gobernanza como pilares

El director de la Policía Nacional, Comisario general (R) José Manuel Azambuya da Rosa, centró su exposición en las cuatro columnas estratégicas del fortalecimiento policial. Educación, información e investigación criminal. Operativa policial y gobernanza institucional.

Afirmó que la educación “es la luz para que una policía sea efectiva y profesional”, y anunció la consolidación de la reforma educativa policial para el período 2026-2030.

Sobre información criminal, destacó la necesidad de profundizar el enfoque de Intelligence Led Policing, optimizar la gobernanza de datos y fortalecer la conexión entre análisis e intervención territorial.

A su vez, planteó fortalecer comisarías de prevención local, reducir tareas administrativas y avanzar hacia comisarías digitales. También señaló la importancia de “actualizar protocolos, optimizar procesos y asegurar la transparencia”.

“La Policía Nacional del Uruguay tiene un valor intangible forjado en 196 años de historia: su compromiso. Seguiremos trabajando para mejorar la seguridad y la calidad de vida de nuestra patria”, finalizó.

Mariana Kiefer: “La seguridad pública es una construcción colectiva”

La jefa de la UNODC en Uruguay y miembro del Consejo Internacional de Observación y Cooperación destacó la importancia internacional del proceso uruguayo. Señaló que el país enfrenta desafíos asociados al narcotráfico, el aumento de incautaciones y la mayor presencia de organizaciones criminales transnacionales.

Kiefer subrayó que Uruguay, pese a tener instituciones sólidas, “no es ajeno” al incremento del crimen y recordó la importancia de la cooperación internacional:
“Los países solos pueden enfrentar estos fenómenos, pero mejor si lo hacemos juntos”.

Elogió la metodología de los encuentros —objetivos claros, reglas de diálogo, participación amplia— y celebró la transparencia del proceso, la plataforma ciudadana, el repositorio digital y los aportes de 79 instituciones.

“Este modelo busca convertirse en referencia para la región. La seguridad pública es una construcción colectiva y el diálogo que permitió este proceso es un ejemplo de ello”, afirmó.

La jornada culminó con un conversatorio moderado por la subsecretaria Gabriela Valverde, donde se integraron voces del sistema de justicia, sociedad civil, sector privado y academia. Participaron, Paula Aintablian, Fundación Centro de Educación Popular de la Plataforma Infancias y Adolescencia, el Dr. Juan Pablo Novella, del Poder Judicial; la Dra. Patricia Marquisá, de la Fiscalía General de la Nación; el Cr. Daniel Erosa, Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad y el Dr. Ignacio Munyo, de CERES.

Fotos: Presidencia y El Explorador