Caso Cardama: El gobierno presentó denuncia penal por presunta estafa
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la garantía presentada por la empresa española Cardama, contratada para la construcción de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
Tras la presentación, los jerarcas ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía, donde explicaron que el gobierno decidió formalizar la denuncia “en cumplimiento de lo anunciado” y ante la constatación de que “la empresa que otorgó la garantía parece ser una empresa de papel”.
Sánchez indicó que la denuncia “no se dirige contra personas o empresas en particular, sino que relata hechos” que, a juicio del Ejecutivo, podrían configurar delitos de fraude o estafa al Estado. “Hubo una actuación tendiente a engañar al Estado, haciendo creer que existía una garantía que, al momento de ejecutarla, resultó inexistente”, afirmó.
Díaz precisó que la firma inglesa involucrada –EuroCommerce lted- “está en proceso de liquidación en el Reino Unido, no tiene empleados, apenas registró actividad en 2022 y su director reside en Rusia”. Según detalló, la dirección declarada en la documentación “correspondía a una inmobiliaria” y no a una empresa financiera en funcionamiento.
Además, los jerarcas señalaron que se detectó una modificación contractual sin justificación administrativa, por la cual la garantía de fiel cumplimiento —que debía cubrir 30 meses de construcción y 12 adicionales— fue reducida a 12 meses. “Cuando se vencía el plazo, ejecutamos la garantía, y fue entonces cuando constatamos que la empresa no existía”, explicó Sánchez.
El funcionario agregó que, horas antes de la conferencia, el Ministerio de Defensa recibió un correo electrónico de Cardama en el que se informaba sobre la renovación de la garantía, “pero con la misma empresa, que ya estaba en liquidación”.
Consultados sobre la posibilidad de recuperar los 8 millones de dólares vinculados a la garantía, Sánchez aclaró que se trata de un instrumento distinto al de fiel cumplimiento y que ambas situaciones están siendo analizadas. “Aquí el problema es que el contrato entró en vigor con una garantía que no existía, lo que cuestiona todo el proceso”, sostuvo.
«En defensa de los bienes públicos»
Respecto a las declaraciones del empresario Mario Cardama, quien criticó la falta de notificación previa del gobierno, Sánchez evitó polemizar. “No vamos a debatir con el señor Cardama por la prensa. La responsabilidad de presentar y comunicar la garantía es del contratista, no del Estado uruguayo”, señaló.
El secretario reafirmó que el Ejecutivo actuó “en defensa de los bienes públicos y de los recursos de la ciudadanía”. Asimismo, adelantó que el gobierno seguirá adelante con las acciones judiciales y administrativas ordenadas por el presidente Yamandú Orsi, incluyendo las investigaciones internas en curso en el Ministerio de Defensa.
“Intentaron defraudar al Estado uruguayo. Lo que corresponde es que la Justicia investigue quiénes fueron los responsables y si hubo cómplices en la administración pública”, señaló Sánchez.
