“No estamos en contra de la tenencia compartida”: Inés Cortés propone reforzar la protección infantil

En medio del dolor por el asesinato de dos niños en Mercedes a manos de su padre, la diputada frenteamplista Inés Cortés propone revisar y modificar dos artículos clave de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Su objetivo es reforzar las medidas de protección en casos de violencia y evitar que niños y niñas queden expuestos a riesgos por decisiones judiciales. En entrevista con El Explorador, la diputada explicó que se está proponiendo “generar una ley marco de protección a las infancias y adolescencias contra las violencias, no solo entre familiares sino también en los barrios”.

Un país conmocionado y un debate urgente

El país se vio conmovido por lo acontecido en el departamento de Mercedes a principios de septiembre: el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Francisco y Alfonsina Morosini Ramos, de 6 y 2 años, a manos de su padre, Andrés Morosini Rechoppa. Morosini tenía medidas cautelares que le prohibían acercarse a sus hijos y a su expareja. Sin embargo, logró llevárselos por la fuerza y, dos días después, el 5 de septiembre, la Armada Nacional encontró el auto sumergido en un arroyo de Río Negro con los cuerpos en su interior.

La tragedia encendió las alarmas sobre las políticas de protección a la infancia, las respuestas judiciales y la aplicación de la Ley Nº 20.141, conocida como la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Mientras en las redes sociales se multiplicaban mensajes de dolor y repudio, colectivos feministas y organizaciones contra la violencia doméstica se manifestaron para exigir respuestas.

En ese contexto, la diputada frenteamplista Inés Cortés, integrante de la Comisión de Género y Derechos Humanos, se convirtió en una de las voces que piden revisar la normativa. “No estamos en contra de la tenencia compartida ni de la corresponsabilidad parental. Queremos proteger a las infancias cuando hay un eventual riesgo y reforzar las medidas de precaución”, explicó en diálogo con El Explorador.

Los artículos cuestionados

Cortés impulsa, junto a su bancada, la derogación parcial de dos artículos de la ley. El primero es el artículo 4, inciso 8, que permite que, aun cuando exista una denuncia de violencia de género, “deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada, toda vez que a juicio del Juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente”, en lugares públicos o bajo supervisión  “o de cualquier otra forma que a criterio del Juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario”.

La diputada considera que “cuando hay un eventual riesgo hay que proteger, no mantener visitas. Ese inciso contraviene el Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que la violencia hacia la madre o persona cuidadora también es violencia directa hacia los niños”, advirtió.

Se niega «un país lleno de denuncias falsas»

El segundo artículo cuestionado es el 15, el cual agrava las penas para las denuncias falsas de violencia. Sobre este punto, Cortés recuerda que la discusión comenzó en 2023 al momento de aprobar la Ley considerando que genera un “desestímulo para denunciar en los casos en que sí realmente hay violencia”. Y recuerda que en nuestro país ya es considerado un delito las denuncias falsas de cualquier índole, por lo cual “generar una agravante para estas situaciones nos parece innecesario y redundante”. Por otro lado, consideró que la finalidad es “amedrentar a mujeres que sí están pasando por situaciones de violencia” teniendo en cuenta que, en la mayor cantidad de casos, suceden en el ámbito privado, donde “no hay testigos, o si hay testigos, no quieren intervenir”. 

La diputada también criticó la idea de que la Ley de Corresponsabilidad haya surgido como reacción a “un país lleno de denuncias falsas por violencia de género. No podemos subestimar cuando hay una denuncia ni considerar automáticamente que hay mala intención. Hay que tomar en serio las alertas, creerles a los gurises cuando manifiestan malestar en la escuela o en un centro de salud. Eso es parte del cambio cultural que necesitamos”, afirmó.

Según Cortés, la tragedia de Mercedes demuestra que no se trata solo de leyes sino también de aplicación y criterio. “Hubo un juez que consideró que no había un riesgo tal como para poner una tobillera electrónica. Los jueces son humanos y también se equivocan. Necesitan tiempo y herramientas para evaluar riesgos reales”, advirtió.

Violencia vicaria y cifras 

Para la diputada Inés Cortés, uno de los conceptos que Uruguay debería incorporar en su legislación es el de “violencia vicaria”: aquella que ejerce una persona sobre los hijos o hijas para hacer daño a la madre o al cuidador. “Muchas veces, cuando ya no se puede ejercer violencia directa sobre la mujer, se hace a través del niño”, indicó.

Citando datos de Unicef, la diputada explicó que “un 18,3% de niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde se ejerció violencia contra sus madres o cuidadoras, y el 40% estuvo presente durante las agresiones”. Para Cortés, esta evidencia respalda la necesidad de priorizar la seguridad de los menores en cualquier decisión judicial. 

Dentro del informe presentado por Unicef el pasado 28 de agosto se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes realizada por el programa Uruguay Crece Contigo. Los datos indican que 4 de cada 10 niños y adolescentes de 2 a 14 años fueron sometidos a algún método violento de disciplina, lo que equivale a 222.000 personas aproximadamente. También se indicó que 1 de cada 3 niños y adolescentes es víctima de algún tipo de agresión psicológica por parte de personas adultas de su hogar y el 16,1% han sido víctimas recientes de algún tipo de agresión o castigo físico por parte de su padre, madre u otros miembros adultos del hogar.

“Hay suficiente evidencia como para sostener que en situaciones de violencia de género los niños están expuestos también a esa violencia y, por eso, hay que protegerlos”, subrayó.

Sobre el defensor del niño y los límites del sistema

La Ley de Corresponsabilidad en la Crianza introdujo la figura del defensor del niño para garantizar su voz en los procesos judiciales. Sin embargo, Cortés recuerda que esta figura ya existía en el Código de la Niñez y Adolescencia y que el problema es de recursos. “Las defensoras intervienen en el 90% de los casos cuando hay niños en el medio, pero los ven cinco minutos antes de la audiencia. ¿Qué tanto pueden conocer a ese niño?”, se preguntó.

Para la diputada, sin más técnicos y presupuesto, cualquier mejora legal se vuelve simbólica. “Esta ley se presentó como una solución al problema de los tiempos de espera. Es cierto que puede haber casos en los que, de manera injusta, algunas personas no pudieron ver a sus hijos por un tiempo porque la medida de protección no era necesaria -algún caso debe existir, no lo negamos-. Sin embargo, la situación no cambió, porque si no se acompañan estas medidas con más recursos para el sistema de justicia, los plazos seguirán extendiéndose y alargándose”.

Además, comentó que uno de los puntos del debate es distinguir entre separaciones conflictivas y casos de violencia. “Hay que distinguir. Una cosa es una separación conflictiva y otra muy distinta es la violencia. La judicialización innecesaria no es buena para los niños. Pero cuando hay violencia, no hay otra alternativa que actuar judicialmente”, opinó Cortés.

La legisladora reconoce que existen casos en los que padres y madres manipulan el vínculo con los hijos, pero insiste en que “no es la norma” y que las políticas públicas deben centrarse en “las infancias y su derecho a vivir libres de violencia”.

Más recursos y una mirada integral

Cortés insistió en que, además de revisar los artículos de la ley, es imprescindible reforzar los servicios de atención a la violencia doméstica y los equipos técnicos. “Se viene un refuerzo presupuestal para contratar más psicólogas y acompañamiento terapéutico también para varones agresores”. Esta medida se basa en la idea de que no alcanza con apartar a la persona, hay que abordar el problema social de fondo: “Ahí hay un problema social que hay que abordar y me parece que no se soluciona cancelando a la persona, sino tratando de ver qué está pasando y por qué se están dando esas situaciones de violencia”.

La diputada también mencionó el trabajo del INJU y de ANEP en charlas sobre violencia en el noviazgo y educación en derechos. “Hay una camada nueva de maestras y maestros que están incorporando esta mirada y animan a los niños a contar si están pasando por un mal momento. Eso es fundamental”, destacó.

En varias ocasiones durante la entrevista, Cortés subrayó que su postura no es “contra los padres ni contra la corresponsabilidad parental. Al principio me malinterpretaron. Ahora siempre aclaro: no estamos en contra de la tenencia compartida. Queremos proteger a las infancias, no entrar en la grieta de padres versus madres”, aseguró.

Para la diputada, Uruguay necesita “sacar un poco el adultocentrismo” y centrarse en las necesidades de niños y adolescentes. “Tenemos un problema serio con las infancias. Cada seis días un niño o adolescente resulta herido de bala en los barrios. En un país donde cada vez nacen menos niños y niñas, tenemos que cuidarlos más”, señaló.

Una agenda parlamentaria que recién comienza

El Frente Amplio prepara un proyecto de ley marco de protección a las infancias y adolescencias contra las violencias que incluiría los cambios a la Ley Nº 20.141 y modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. “Estamos hablando de una ley marco, hay que discutirla con seriedad, llamar a la academia, a técnicos, escuchar a todos. No se trata de modificar a las corridas sino de mejorarla”, explicó Cortés.

La diputada confirmó que hay apertura en otros partidos para discutir estos cambios. “Hay apertura en casi todos. Identidad Soberana no, ahí son muy claras las diferencias. Pero con otros parlamentarios estamos conversando y cuando tengan decidido hacerlo público, lo dirán ellos”, contó.

Para finalizar, Cortés realiza una autocrítica: “Estamos fallando como Estado y como sociedad. Hay que hacer cambios culturales importantes. El Estado tiene mucho para asumir y los partidos políticos también. No podemos seguir naturalizando la violencia hacia las infancias”, concluyó.