Presupuesto 2025–2029: cada voto cuenta

La Ley de Presupuesto Nacional 2025–2029 entra en su primera fase parlamentaria en la Cámara de Diputados sin que el oficialismo tenga, por ahora, los votos garantizados para aprobarlo y enviarlo al Senado. El Frente Amplio gobierna con mayoría en la Cámara Alta, pero no en Diputados, por lo que cada artículo exigirá acuerdos puntuales con bancadas de la oposición y con partidos bisagra.

Prioridades y proyecciones económicas

El texto remitido por el Poder Ejecutivo cuenta con 714 artículos, el proyecto define tres prioridades estratégicas: acelerar el crecimiento económico con generación de empleo de calidad, fortalecer la matriz de protección social para reducir la pobreza y la desigualdad y mejorar la seguridad pública como garantía de convivencia ciudadana.

Según el documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, estas metas se sostienen sobre tres pilares: la transparencia como garantía de rendición de cuentas ante la ciudadanía, la sostenibilidad fiscal para resguardar la estabilidad macroeconómica y la continuidad de las políticas, así como la responsabilidad en la asignación de recursos para optimizar la eficiencia del Estado.

Además, se estima un crecimiento anual promedio de 2,4% para el quinquenio y se proyecta una reducción del déficit fiscal de 1,5 puntos del PBI, en línea con el objetivo de consolidar las cuentas públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, subrayó que el proceso fue fruto de un trabajo coordinado entre varias áreas del Estado y destacó los acuerdos alcanzados en convenios salariales con sectores clave como salud, educación y el Poder Judicial.

Primeras reacciones y cuestionamientos

Las primeras reacciones mostraron posiciones encontradas, desde cuestionamientos duros al trazo fiscal y a las prioridades, hasta señales de “responsabilidad” y disposición a negociar cambios para habilitar la aprobación. 

Un punto de discusión es el de los impuestos. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que se trata de ajustes técnicos y no de tributos nuevos, el Partido Nacional no lo ve de la misma forma. En su visión, son impuestos nuevos que contradicen lo prometido en campaña.

También cuestionan que el gobierno busque cambiar la regla fiscal creada en el período anterior. Dicen que quitarle topes de gasto debilita una herramienta que le dio previsibilidad a la economía.

En materia de seguridad, el Partido Nacional identifica otra debilidad; aunque se asignaron más recursos, consideran que no existe un plan concreto que los respalde. 

A través de un comunicado, la agrupación parlamentaria nacionalista critica la modificación de la regla fiscal, que a su juicio debilita un instrumento clave para la estabilidad económica, subrayando que no se respaldará la aprobación de nuevos impuestos que supongan más carga impositiva para la ciudadanía.

Afirmaron, además, que el país contará con presupuesto, pero “no cualquier presupuesto”, abriendo así un período de negociaciones ante la falta de mayorías parlamentarias. 

El comunicado también reconoce que el proyecto del Ejecutivo se basa en lineamientos de la gestión anterior, pero advierte que el optimismo de las proyecciones de crecimiento podría hacer que algunos objetivos resulten inalcanzables.

La visión del Frente Amplio

Consultado por El Explorador, el diputado por el Frente Amplio Joaquín Sequeira admitió que “el principal desafío es que no tenemos los votos en la Cámara de Diputados, eso es de público conocimiento”. Aun así, sostuvo que la mayoría de los lineamientos centrales del presupuesto -crecimiento del empleo, protección social y seguridad- son compartibles por la oposición, lo que abre un margen para acuerdos en la discusión artículo por artículo.

El legislador explicó el impuesto mínimo global a las multinacionales: “Lo que vamos a hacer es localizar esos aportes que en nuestro país va a ser plata que dejan de pagar en sus casas matrices y lo van a pagar en Uruguay. Es decir, no aumenta lo que pagan de impuestos, simplemente cambia el país donde los pagan estas multinacionales”. Señaló que la medida apunta a empresas que facturan más de 750 millones de dólares al año, ya que se busca que cumplan con un mínimo del 15% de impuestos sobre sus ganancias, aprovechando que el régimen fiscal uruguayo permite que antes abonen parte de sus tributos en otros países.

Acerca del polémico “impuesto a Temu”, argumentó que busca equilibrar la cancha frente a un comercio electrónico que erosiona la recaudación, pone en riesgo el empleo local y afecta a la industria nacional.

Un proyecto alienado

Consultado sobre las diferencias de este presupuesto respecto a gestiones anteriores del Frente Amplio, Sequeira señaló que se trata de un proyecto alineado con las bases programáticas del partido y con el plan de gobierno, incluyendo las 63 medidas anunciadas por Yamandú Orsi el año pasado en Colonia. Aclaró que, dadas las condiciones fiscales actuales, este presupuesto se asemeja más al tercer período del Frente Amplio que a los dos primeros, y destacó que busca cumplir con los compromisos adquiridos por la administración frente al contexto económico heredado.

Consciente de que el oficialismo carece de mayoría propia en Diputados, Sequeira recalcó la disposición a negociar: “implica ceder y hacer concesiones; el presupuesto no va a quedar tal cual como vino, vamos a ganar unas batallas y perder otras”. Incluso dejó abierta la puerta a dialogar con sectores refractarios como Identidad Soberana, pero con la expectativa de que “en el presupuesto pueda ser la oportunidad” de tender puentes.

Educación: el otro frente de batalla

El proyecto presupuestal también incorpora definiciones sobre educación, aunque los recursos previstos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar) quedan lejos de las aspiraciones de autoridades y sindicatos. 

En el caso de la ANEP, se contemplan incrementos graduales destinados a becas en educación media, alimentación escolar y aumentos salariales para funcionarios, además de la universalización del bono estudiantil. Aun así, las cifras están bastante por debajo del 6% del PBI que reclaman los colectivos docentes y las propias autoridades del organismo.

En lo que refiere a la Udelar, el gobierno propone tres líneas de financiamiento: becas de grado para estudiantes en situación vulnerable, horas docentes para ampliar la oferta académica y fondos específicos para las obras del Hospital de Clínicas. Si bien estas partidas buscan atender necesidades urgentes, la propuesta queda lejos del incremento presupuestal del 52% solicitado por la institución, lo que abre un frente de debate sobre el alcance real de la inversión en educación superior en los próximos años del gobierno.

La mirada del presidente Yamandú Orsi

En este contexto, en rueda de prensa el presidente Yamandú Orsi subrayó que el Presupuesto Nacional no debe entenderse como una herramienta del gobierno de turno, sino como un instrumento esencial para garantizar el funcionamiento del país. Reconoció que la discusión parlamentaria traerá “ruido” y diferencias, pero confió en que, como ha sucedido históricamente en Uruguay, “la sensatez de los actores políticos va a ser lo que prime” al momento de alcanzar acuerdos.

Sobre el capítulo impositivo, el mandatario defendió los ajustes introducidos, recordando que el impuesto mínimo global a las multinacionales fue parte de la campaña electoral. Añadió que la equidad tributaria es un tema inevitable en un país que debe equilibrar compromisos fiscales y demandas sociales. Según Orsi, las prioridades de un gobierno pueden plasmarse en un presupuesto concreto, mientras que los programas de largo plazo actúan como guía y horizonte estratégico.

Una pulseada que recién comienza

En esencia, la discusión sobre el Presupuesto 2025–2029 va más allá de los números y las proyecciones técnicas, es también una prueba de la capacidad del sistema político para construir consensos en un Parlamento dividido. Con el oficialismo obligado a negociar cada artículo, la pulseada parlamentaria se convierte en un test de fuerza para un gobierno que busca proyectar estabilidad sin renunciar a sus promesas electorales.

El debate recién comienza y todo apunta a que será largo. El Partido Nacional ya trazó sus líneas rojas, mientras el Frente Amplio intenta proteger el núcleo de su propuesta. En medio de ambos, los partidos bisagra y los sectores independientes tendrán la llave de la negociación, su habilidad para acordar definirá no solo la aprobación del presupuesto, sino el rumbo económico y político del país.