Gabriela Pacci advierte sobre las violencias que atraviesan a la Udelar: “Es la punta del iceberg”

El ataque ocurrido el 1° de setiembre en la Facultad de Medicina abrió una discusión dentro de la Universidad de la República sobre la capacidad de sus mecanismos para prevenir y atender situaciones de violencia. Ese día, un estudiante de 19 años apuñaló a una compañera de generación después de una clase. La joven sufrió heridas en el rostro y el abdomen, quedó estable y fuera de peligro. El estudiante fue posteriormente imputado por femicidio en grado de tentativa y permanece en prisión preventiva.

A partir de ese episodio, El Explorador consultó a Gabriela Pacci, coordinadora de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Universidad de la República (UVAD), para conocer cómo trabaja actualmente la institución frente a estos casos, qué acciones se están llevando adelante y cuáles son los protocolos y herramientas vigentes.

Pacci explicó que la Udelar tiene una trayectoria de dos décadas en el abordaje de las desigualdades y las violencias de género y que, durante ese período, desarrolló instrumentos para la detección, la actuación y la prevención. Sin embargo, reconoció que los mecanismos existentes presentan limitaciones, especialmente en materia de recursos, acompañamiento y reparación.

La situación en la facultad de Medicina, “de alguna manera puso el pie en el acelerador y en la profundización de un consenso sobre la gravedad de las violencias”, afirmó.

Herramientas institucionales

La coordinadora de la UVAD ubicó la actual política universitaria dentro de un proceso que comenzó hace unos 20 años, cuando la Udelar empezó a trabajar desde los ámbitos académicos, colectivos, de gobierno y participación sobre la agenda de derechos, las desigualdades de género y las violencias vinculadas a ellas.

En ese recorrido, la institución creó diferentes instrumentos para detectar situaciones, intervenir y trabajar en prevención. Pacci recordó que existió un protocolo y un procedimiento desde 2013, que luego fueron revisados a partir de un análisis sobre sus alcances y su adecuación a una normativa nacional que también había avanzado en materia de reconocimiento de derechos humanos.

Ese proceso derivó en 2019 en la aprobación de una ordenanza para la actuación y prevención en materia de violencia, acoso y discriminación. La norma comenzó a entrar en vigencia en abril de 2020.

La estructura existente combina el trabajo de la unidad central con referentes y equipos técnicos instalados en servicios especializados en violencia. Pero, según Pacci, esa estructura no alcanza todavía para responder a todas las necesidades de una institución que reúne a una comunidad universitaria de gran dimensión.

“Los mecanismos de actuación desde la unidad central, referentes y equipos técnicos de los servicios especializados en violencia son insuficientes en varias dimensiones”.

Recursos limitados

Uno de los principales problemas señalados por la coordinadora está relacionado con los recursos disponibles. Pacci explicó que la Universidad “tiene dificultades presupuestales para poder profundizar una política en materia de violencia, acoso y discriminación y en materia de igualdad en general”.

La construcción de una institucionalidad capaz de responder a estas situaciones requiere, “capacidades y herramientas” que permitan garantizar el acceso de toda la comunidad universitaria. La Udelar ha ido desarrollando esa estructura de forma progresiva, pero para la entrevistada “sigue siendo insuficiente”.

A esa limitación se suma que no todos los servicios universitarios cuentan con equipos técnicos. La UVAD trabaja para toda la Universidad, sus servicios y sus sedes, pero su estructura central está integrada por siete técnicos entre la coordinación y el equipo técnico, además de un cargo de secretaría administrativa.

La Udelar tiene 11.500 docentes, 6.500 funcionarios y más de 160.000 estudiantes. A esos grupos se suman personas contratadas, por lo que el alcance de las políticas y herramientas de actuación comprende a cientos de miles de integrantes de la comunidad universitaria.

Denuncia, consulta y acompañamiento

La política universitaria contempla distintos caminos para abordar las situaciones. Pacci explicó que existen procedimientos de denuncia, consulta y resolución de conflictos, además de mecanismos destinados a la prevención.

Para la coordinadora hay otros componentes vinculados a la protección en clave de derechos humanos que todavía presentan debilidades, entre ellos el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de violencia el cual considera “no es posible realizarse de una manera cómo entendemos los expertos que habría que hacerse”.

La reparación aparece como otra de las áreas que, de acuerdo con Pacci, la Universidad todavía debe desarrollar. 

Política en revisión

La actualización de las herramientas institucionales, según explicó Pacci, comenzó en 2024 al crear un grupo de trabajo que comenzó a funcionar en 2025  y que continúa trabajando en la elaboración de un nuevo instrumento normativo para el abordaje de las violencias, el acoso y la discriminación.

A ese espacio se sumó recientemente otro grupo aprobado por el Consejo Directivo Central, que deberá dialogar con el primero y trabajar en la construcción de acciones dentro de la política universitaria en esta materia.

La coordinadora remarcó que la Universidad ya venía revisando sus herramientas políticas e institucionales. Para Pacci, el hecho del 1° de setiembre no puede analizarse como un episodio aislado. “Porque cuando tenemos una manifestación tan grave como la del 1 de setiembre, es la punta del iceberg de otras expresiones de violencia que conviven en la vida cotidiana de nuestra comunidad.”

A partir de esa mirada, plantea que la Universidad debe trabajar también sobre las estructuras de desigualdad que pueden encontrarse detrás de distintas expresiones de violencia. Algunas de esas situaciones pueden ser abordadas desde la institución y otras exceden sus competencias, pero, según explicó, reconocerlas y detectar anticipadamente los riesgos forma parte del desafío.

“Tenemos que trabajar también en lo que hace a las estructuras de desigualdad, que algunas podremos abordar desde la universidad, y otras no son resorte de la universidad resolverlas, pero visualizarlas, reconocerlas con anticipación, los riesgos, por ejemplo, es un desafío que tenemos que asumir como institución para poder anticiparnos a situaciones como estas, y otras que vulneran derechos humanos.”

A su vez, considera que la construcción de una cultura institucional capaz de identificar y rechazar determinadas conductas antes de que escalen, es uno de los puntos que se deben de abordar.

“La construcción de una sensibilidad con perspectivas de derechos humanos, con perspectivas de género, interseccionales, es una construcción social y cultural que nos tiene que atravesar, más allá de hojas de ruta, procedimientos, herramientas normativas.”

Para la coordinadora, esa sensibilidad supone construir límites sociales frente a prácticas, gestos y formas de expresión que durante años fueron naturalizados. 

Seguridad más allá del edificio

Durante la entrevista, Pacci planteó preguntas sobre qué se entiende por seguridad cuando se habla de mejorarla o aumentarla: “¿Estamos hablando de la seguridad de los edificios? ¿Estamos hablando del control físico de los cuerpos?”

La pregunta surge en un contexto en el que, tras el episodio de Medicina, se plantearon distintas medidas relacionadas con la seguridad edilicia. Sin embargo, para la coordinadora existe otra dimensión que debe ser considerada: una seguridad construida colectivamente, en la que las personas puedan encontrar protección en los demás.

“¿O estamos hablando de una seguridad autorregulada, una seguridad que nos permita encontrar en el otro protección? Que haya un consenso en el que yo, alguien me dice algo en un grupo, y el grupo reaccione, yo no me tenga que defender individualmente”.

En esa construcción, consideró importante la observación atenta de docentes, funcionarios, funcionarias y autoridades, además de la existencia de procedimientos, protocolos y herramientas institucionales.

Capacitación y propuestas

Otra de las líneas de trabajo planteadas por la Udelar es la ampliación de la capacitación sobre violencia, acoso y discriminación y la mejora de la detección temprana de situaciones de riesgo.

Pacci explicó que dentro de la resolución del Consejo Directivo Central aparece la intención de avanzar hacia la curricularización obligatoria de determinados componentes formativos vinculados con los derechos humanos.

El tema está siendo tratado por los grupos de trabajo creados por el Consejo Directivo Central, bajo la órbita del rectorado y de la Comisión Abierta de Equidad y Género, espacios de los que también participa la unidad central.

La articulación entre estos equipos forma parte de los cometidos de la unidad. Pacci explicó que ya existía una propuesta de plan de sensibilización para los próximos dos años y que será puesta a consideración del grupo de trabajo central.

Qué hacer ante una situación de violencia

Frente a las situaciones de violencia que puedan atravesar estudiantes, docentes, funcionarios o personas vinculadas a la Universidad, Pacci insistió en que los mecanismos existentes pueden ser utilizados y que no es necesario esperar a que una situación se agrave para solicitar orientación.

Su mensaje apunta a que quienes atraviesan una situación incómoda o sienten que determinadas conductas están afectando su libertad de circulación o de actuación puedan acercarse a los espacios especializados.

“Hay gente que está preparada, que tiene la sensibilidad y la formación profesional, universitaria, para abordar adecuadamente, para recibirlos, escucharlos, escucharlas, comprender la situación que están atravesando y orientarlas sobre posibles caminos a transitar, dentro y fuera de la universidad.”

La coordinadora describió esos espacios como profesionales y confidenciales, destinados a brindar garantías para que las personas puedan continuar ejerciendo sus derechos.

También remarcó que no existe una única forma de acercarse. Una persona puede concurrir sola o acompañada por alguien de confianza. También puede solicitar asesoramiento como parte de un grupo de estudiantes o trabajadores.

“Solo alcanza con estar viviendo una situación incómoda, que entienda que eso le está limitando capacidades, que le está limitando la posibilidad de circular libremente, de actuar libremente, para que se acerque.”

La consulta no implica necesariamente iniciar una denuncia. El objetivo inicial puede ser recibir orientación y conocer las alternativas disponibles. Si finalmente se opta por denunciar, Pacci aseguró que la institución debe garantizar las condiciones correspondientes.

“Puede venir una persona sola, puede venir con alguien de su confianza, puede solicitar un grupo de estudiantes o de trabajadores, el querer recibir un asesoramiento. Si uno de esos caminos que elige tiene que ver con el procesar una denuncia, le brindaremos las garantías para que sea un procedimiento garantista de derechos”, concluyó.