Venezuela: petróleo, poder y una soberanía negociada
Venezuela enfrenta una nueva etapa de su historia. La recuperación de su industria petrolera puede significar una oportunidad extraordinaria para reconstruir una economía devastada, pero también puede convertirse en el precio de una soberanía cada vez más condicionada. Entre Washington, Caracas y los grandes intereses empresariales se está configurando una nueva arquitectura de poder cuyo resultado todavía está lejos de estar definido.
Durante décadas, Venezuela convirtió al petróleo en el principal instrumento de su política nacional. Con las mayores reservas probadas del mundo, el país parecía destinado a ejercer una influencia económica y política proporcional a su riqueza energética. Sin embargo, la historia tomó otro camino.
La combinación de decisiones económicas equivocadas, corrupción, deterioro institucional, caída de la producción, sanciones internacionales y una profunda crisis política terminó provocando una paradoja difícil de explicar: uno de los países más ricos en petróleo del planeta terminó necesitando desesperadamente capital extranjero para volver a extraer y comercializar aquello que constituye su principal riqueza.
Ahora Estados Unidos aparece nuevamente en el centro de esa ecuación.
El nuevo entendimiento petrolero entre Washington y Caracas no puede analizarse simplemente como una operación comercial. Su verdadero alcance es mucho mayor. Se trata de petróleo, pero también de poder político, seguridad energética, inversiones, influencia estratégica y, sobre todo, soberanía.
La pregunta fundamental ya no es solamente quién extraerá el petróleo venezolano.
La pregunta es quién tendrá capacidad real para decidir sobre esa riqueza durante las próximas décadas.
El petróleo como llave del poder
Para comprender la dimensión del problema hay que recordar que en Venezuela el petróleo nunca fue simplemente una mercancía.
Desde el siglo XX, la renta petrolera permitió financiar al Estado, construir infraestructura y sostener un modelo económico altamente dependiente de los hidrocarburos. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, PDVSA pasó a convertirse además en uno de los principales instrumentos de su proyecto político.
El petróleo financió programas sociales, permitió proyectar influencia regional y sostuvo una política exterior abiertamente confrontativa con Washington.
Pero aquella fortaleza terminó convirtiéndose en vulnerabilidad.
La destrucción de capacidades técnicas, la pérdida de profesionales, la falta de inversiones, el deterioro de instalaciones y la politización de la industria provocaron un descenso dramático de la producción. Las sanciones estadounidenses profundizaron posteriormente el aislamiento.
El resultado fue paradójico: Venezuela conservó enormes reservas, pero perdió la capacidad de convertirlas en riqueza.
Ahora necesita exactamente aquello que durante años rechazó o cuestionó: capital, tecnología y empresas extranjeras. Y Washington lo sabe.
Estados Unidos cambia de estrategia
La política estadounidense hacia Venezuela ha atravesado distintas etapas. Presión diplomática, sanciones económicas, aislamiento político y reconocimiento de la oposición fueron herramientas utilizadas para intentar modificar el comportamiento del régimen venezolano.
Pero el escenario internacional cambió. La guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente, la competencia energética global y la necesidad de garantizar fuentes de suministro convierten nuevamente al petróleo venezolano en un activo estratégico.
Estados Unidos ya no mira a Venezuela solamente como un problema político. También la observa como una enorme reserva energética situada geográficamente cerca de su propio territorio. Esa diferencia es fundamental.
Washington necesita estabilidad suficiente para que las inversiones petroleras puedan desarrollarse. Las grandes empresas no comprometen miles de millones de dólares en un escenario donde cada cambio político puede significar la revisión de los contratos. Y allí aparece la contradicción.
La democracia introduce incertidumbre; los regímenes estables ofrecen previsibilidad. Pero una democracia consolidada también ofrece algo que ningún acuerdo político entre élites puede garantizar: legitimidad.
La estabilidad no puede sustituir a la democracia
El argumento de que Venezuela necesita estabilidad para recuperar su economía es razonable. Lo peligroso sería utilizarlo para concluir que, por esa misma razón, las elecciones deben esperar.
Una economía puede funcionar durante determinado período bajo un régimen autoritario o semiautoritario. Lo que resulta mucho más difícil es construir seguridad jurídica duradera sin instituciones democráticas capaces de controlar al poder.
Un contrato petrolero de 20, 50 o 100 años atraviesa generaciones y gobiernos. Por eso, la pregunta no debería ser si Venezuela está “preparada” para votar. La pregunta debería ser qué instituciones son necesarias para garantizar que cualquier acuerdo petrolero pueda resistir los cambios políticos que inevitablemente llegarán.
Si un contrato depende de la permanencia de una determinada estructura de poder, entonces no existe verdadera seguridad jurídica. Existe dependencia política.
El riesgo de una soberanía administrada
Aquí aparece uno de los aspectos más delicados del nuevo escenario. Venezuela puede mantener formalmente la propiedad sobre sus recursos naturales y, al mismo tiempo, perder parte de su capacidad efectiva de decisión sobre ellos.
La soberanía no consiste únicamente en que un recurso figure jurídicamente como propiedad del Estado. También implica determinar quién puede explotarlo, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo, qué porcentaje de los ingresos recibe el país, cómo se distribuye la renta y qué mecanismos existen para revisar los acuerdos.
Cuando esas decisiones quedan condicionadas por actores externos, la soberanía comienza a adquirir una dimensión diferente. No necesariamente desaparece. Pero se vuelve negociada.
Ese puede ser el nuevo concepto para entender Venezuela: una soberanía formal acompañada de una dependencia económica creciente. Y la dependencia puede ser tan poderosa como una imposición política.
El negocio y los nuevos intermediarios
La aparición de empresarios vinculados tanto al poder venezolano como a círculos políticos y económicos estadounidenses agrega otra capa de complejidad.
Alejandro Betancourt ocupa un lugar destacado en las informaciones que rodean esta nueva arquitectura. Su trayectoria representa, de alguna manera, la transformación de una élite económica venezolana que sobrevivió al colapso del viejo modelo y ahora intenta posicionarse en el nuevo escenario.
Su figura simboliza una cuestión mayor. El petróleo venezolano puede estar pasando de una estructura dominada casi exclusivamente por el Estado a otra en la que participan empresas extranjeras, grupos empresariales privados, intermediarios financieros y nuevos actores políticos.
El problema no es la participación privada. El problema aparece cuando la transparencia es insuficiente.
En un negocio de semejante magnitud, los venezolanos tienen derecho a conocer las condiciones de los contratos, los porcentajes de participación, los mecanismos de fiscalización y el destino de los ingresos.
La opacidad alimenta inevitablemente la sospecha de que la riqueza nacional vuelve a ser utilizada como moneda de intercambio entre élites.
¿Quién gana?
Desde una perspectiva estrictamente económica, todos los actores pueden tener algo que ganar.
Estados Unidos obtiene acceso a enormes reservas petroleras.
Las empresas internacionales acceden a oportunidades extraordinarias de inversión.
Venezuela puede recibir capital, tecnología, infraestructura y capacidad productiva.
El gobierno venezolano consigue oxígeno económico y margen político.
Pero existe un actor cuya posición todavía debe ser observada con atención: la sociedad venezolana.
Porque el verdadero éxito de cualquier acuerdo no debería medirse solamente por la cantidad de barriles producidos ni por los miles de millones de dólares invertidos.
Debe medirse por el impacto sobre la vida de los ciudadanos.
Si el aumento de la producción permite reconstruir hospitales, escuelas, carreteras, servicios públicos, salarios y empleo, entonces el petróleo estará cumpliendo nuevamente una función nacional.
