Ruidos en la transición: Hidrógeno verde, Aratirí y Caru

Si bien la transición recién comienza, varios temas motivan a estas horas la atención del gobierno electo. La polémica en torno a la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de dejar a la empresa estatal Ancap fuera del negocio del hidrógeno verde, no solo repercutió hacia adentro de la coalición. El Frente Amplio anunció que pedirá explicaciones al gobierno al considerar que el retiro de Ancap implica una“pérdida para el estado uruguayo”.

Fernanda Cardona, ministra designada por el presidente electo, Yamandú Orsi, para dirigir el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), cuestionó la no participación estatal en el proyecto de HIF Global en Paysandú que este jueves desencadenó la renuncia de Alejandro Stipanicic al frente de Ancap.

«Es una pérdida para el Estado uruguayo en una opción que puede tomar y puede representar una ganancia para Uruguay”, aseguró y criticó que el gobierno “no está argumentando” por qué “niega la opción de tomar esa ganancia para Uruguay».

“Cuando hicieron el anuncio en Paysandú hablaron de miles de empleos, hablaron de facturación millonaria. Si ese negocio es millonario, por qué estamos negando la posibilidad de que si eso ocurre Uruguay pierda su 30% de ese negocio», cuestionó Cardona.

Sorpresiva renuncia

Stipanicic renunció sorpresivamente aludiendo “diferencias insalvables” con el Ejecutivo de Lacalle Pou en lo referido al manejo de la política energética. Puntualmente, tal como informó Ámbito, el punto en discordia referido al hidrógeno verde no tuvo que ver con la inversión sino con la regulación del proyecto.

El gobierno firmó en febrero el memorando de entendimiento con HIF Global –el cual aún no fue difundido públicamente- para la que sería la mayor inversión en la historia del Uruguay con unos u$s 6.000 millones, superando a la planta de UPM 2. La planta de hidrógeno verde produciría, en Paysandú, combustibles sintéticos para su exportación.

Cardona calificó de «incongruente con lo que se estableció en las bases y hay una falta de motivación de la decisión actual”, la cual vinculó con una postura ideológica de la actual ministra del MIEM, Elsa Facio, quien defendió que la inversión la hagan los privados.

Facio, tras la salida de Stipanicic de Ancap, ratificó el rumbo del proyecto. «Me parece importante resaltar que el proyecto de la empresa HIF sigue adelante, eso nunca estuvo en discusión. La participación o no participación futura de Ancap en este proyecto no hace ninguna diferencia», puntualizó.

Proyecto Neptuno

Pero además de Ancap, el otro tema de la transición tiene que ver con la decisión del gobierno de seguir adelante con el proyecto Neptuno. El ministro de Ambiente designado, Edgardo Ortuño, entregó al presidente electo Yamandú Orsi un informe que contiene reparos tanto ambientales como financieros al proyecto Neptuno, una iniciativa que busca solucionar problemas de abastecimiento de agua. Según informó Ortuño, el documento también incluye aportes académicos y será tema de discusión entre los secretarios de Presidencia entrante y saliente.

Durante una conferencia de prensa, Ortuño detalló los principales ejes del informe presentado. En relación al proyecto Arazatí, que forma parte de esta iniciativa, destacó tres grandes temas de preocupación:

Reparos técnico-ambientales: Ortuño enfatizó los desafíos vinculados a la ubicación del proyecto y a problemas como la salinidad y las cianobacterias. “Desde la academia, la Universidad de la República, y en particular el informe del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (INFIA) de la Facultad de Ingeniería, han destacado estos temas.

Cianobacterias

Además, la Facultad de Ciencias ha alertado sobre la concentración de cianobacterias en la zona”, señaló. Asimismo, mencionó el uso del pólder como una respuesta a los problemas de salinidad, lo que plantea “importantes desafíos”.

Cuestionamientos al modelo de financiamiento: Según el ministro designado, el modelo propuesto implica un costo millonario para el país que la OSE no estaría en condiciones de afrontar. “Es fundamental tener una OSE fuerte que atienda a todo el Uruguay, no solo al área metropolitana”, destacó.

Aspectos legales y constitucionales: Ortuño cuestionó la toma de agua en manos de un consorcio privado, argumentando que el artículo 47 de la Constitución establece que la operación de todo el proceso debe estar a cargo de una persona jurídica estatal. “Aunque no cerramos ninguna conclusión sobre el tema, creemos que es importante considerar estas críticas”, afirmó.

El informe también incluye un anexo con los aportes de diversos ámbitos académicos sobre el proyecto. Ortuño enfatizó que estos elementos serán clave para evaluar las decisiones políticas del gobierno actual y planificar los próximos pasos.

Presupuestados de Caru

En los últimos días, se sumó otro tema a la mesa de la transición que tiene que ver con el pasaje a presupuestados permanentes de 20 funcionarios contratados en Comisión Administrativa del Río UruguauARU pero también en otras dependencias.