Ministerio de Trabajo apunta a la baja del desempleo fortaleciendo la inserción de los colectivos más vulnerados

El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística sobre la Actividad, Empleo y Desempleo (ECH) correspondiente al mes de julio 2025, arroja que para el total país la tasa de actividad se situó en 64,2%, la tasa de empleo en 59,8% y la tasa de desempleo en 6,9%. A esto, se le suma que el pasado lanzamiento del programa Uruguay Impulsa tuvo más de 162.000 inscriptos. En este contexto, que deja entrever la alta demanda de los uruguayos por conseguir un trabajo, El Explorador conversó con el director y la subdirectora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Federico Araya y Mariana Chiquiar.

Chiquiar analizó que la realidad de la situación general del empleo es que “aún, lamentablemente, muchos uruguayos y uruguayas tienen enormes dificultades para acceder, permanecer y crecer dentro del mercado de trabajo”. En ese sentido, informó que hay una población económicamente activa en el entorno de 1.900.000 personas y que de ese total “un 45% presenta alguna restricción vinculada al mercado de trabajo, ya sea el desempleo, el subempleo o la propia informalidad”. Además, en el entorno de 450.000 trabajadores informales y formales ganan menos de 25.000 pesos por mes, lo que significa que “aún trabajando en la formalidad tienen salarios muy sumergidos”, comentó.

Por otra parte, ambos pusieron foco en cuestiones vinculadas con las interseccionalidades, donde en la franja etaria de 14 a 24 años el 23,4% está desempleado, en la de 25 a 29 el 8,3%, y “si bien las mujeres, en las últimas décadas, hemos participado mucho más en el mercado de trabajo, siguen habiendo brechas de participación y de sobrecarga de trabajo no remunerado”.

Inserción laboral juvenil

En cuanto a las franjas de etnias más jóvenes recordaron que “siempre se intentan generar estrategias, porque hay una enorme dificultad en ese tramo etario para construir un proyecto laboral y sabemos los impactos que tiene la primera experiencia laboral en términos generales”. En ese sentido el MTSS tiene una batería de instrumentos que ha generado a lo largo de los años, “incluso algunos de ellos han perdurado a través de los gobiernos”, como el Programa Yo Estudio y Trabajo. La subdirectora anunció que hay un análisis reciente, realizado por la Universidad de República, la Universidad Bocconi y el Banco Mundial involucrado, “que muestra algunos impactos que tiene el programa en la generación de ingresos posteriores de los jóvenes que transitan por él, en relación con aquellos jóvenes que pudieran haber estado en el programa, pero no”.

“En la comparación para nosotros es muy importante, por eso una de las cosas a las que estamos apostando en esta administración es a ampliar los cupos”, expresó. Ambos coinciden que el desempleo juvenil es uno de los temas fundamentales a tratar. Los datos del programa Uruguay Impulsa indican que se registraron 73.000 jóvenes, de los que 25.000 tienen como máximo nivel educativo la primaria completa y 30.000 apenas alcanzaron el ciclo básico. 

Como una de las estrategias específicas, recientemente el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y el MTSS, presentaron la convocatoria a proyectos de inserción educativo-laboral para jóvenes de entre 15 y 29 años.

Otras brechas y situaciones de vulnerabilidad

Visualizando la situación a nivel general, afirman que, “la tasa de empleo lo evidencia claramente”, siguen habiendo grandes brechas. Como ejemplo, señalaron que “si no convocamos o no seducimos hablando de la importancia que tiene la igualdad de género, podríamos convocar planteando que esta inclusión nos permite ampliar las posibilidades de crecimiento económico”. Hay estudios que muestran que “si los países lograran reducir esa brecha de género en la participación en el mercado de trabajo, incluso en el caso de Uruguay, habría un crecimiento del PIB per cápita en el entorno del 12%”. Por otra parte, agregaron que, en referencia a las mujeres, dos de cada tres son egresadas universitarias.

Esas cuestiones están asociadas, además, a la sobrecarga de trabajo no remunerado, que hacen a las tareas de cuidado y las del trabajo doméstico, situación que “genera enormes dificultades para compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, incluso en el caso de las mujeres que trabajan se habla de una doble jornada laboral. Porque las dinámicas familiares no han cambiado lo suficiente como para aliviar ese peso”. 

Araya analizó que “hay una gran debilidad, sobre todo de información y de lo que en realidad se pierde la sociedad por no incorporar a ciertos colectivos al mercado de trabajo”. Ante esto señaló que dos de cada tres personas liberadas reinciden. “Desde la perspectiva monetaria, al país le cuestan mil dólares al mes tenerlos en los centros penitenciarios. Entonces, incorporarlos al trabajo al Estado le sale más barato”. Y, desde la línea de derechos humanos, “el trabajo es como un eje vertebral de la vida y la única posibilidad realmente de volver a reinsertarse”.

Desde la Dirección Nacional de Empleo, en articulación con la Dirección Nacional de Trabajo e Inefop, “estamos generando ciertas experiencias en algunos sectores de empresas que han cerrado y donde los trabajadores han quedado en una situación de alta vulnerabilidad”. Más allá de eso, analizan que “hay algunos sectores, como por ejemplo el vinculado a los cuidados, que no solo creemos ideológicamente que hay que apostar a mejorarlo, sino que es también un sector transversal a la economía que va a generar muchos puestos de trabajo, porque así las tendencias lo muestran”.

En ese sentido, informaron que se postularon desde el Ministerio a un proyecto de cooperación Sur-Sur con Chile para la generación de un marco nacional de calificaciones que va a tener como primer foco el sector de cuidados. “Es un trabajo que también lo estamos llevando adelante con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional”.

Además, Chiquiar destacó que para abordar la inestabilidad de los colectivos más vulnerados hay que generar herramientas concretas. “El mercado por sí solo no resuelve los problemas de empleabilidad de las personas que están más postergadas”, expresó. Entonces, “tiene que intervenir la política pública con medidas concretas”; es por esto que en Uruguay Impulsa, decidieron que se respetaran todas las cuotas que están establecidas por ley de empleo: 8% para personas afrodescendientes, 4% para personas con discapacidad, 2% para mujeres víctimas de violencia de género y 1% para personas trans. En Montevideo se agregan cupos de 2% para personas en situación de calle y 2% para personas liberadas.

Araya analiza que “las posibilidades de trabajo no pueden ser disociadas de las posibilidades que tenga de expansión la economía”. Entonces, es un objetivo la caída del desempleo y en particular la incorporación de los colectivos más vulnerados al mercado de trabajo. Si nosotros logramos la incorporación de estos colectivos y franjas etarias más jóvenes al mercado de trabajo, estamos convencidos de que ese siete por ciento que hoy representa el desempleo va a caer. Porque los números de desocupación son un problema, pero los números de desigualdad son peores”, sostuvo.

Informalidad

Al observar las características de las personas ocupadas se estima que el 9,1% se encuentran subempleadas, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 22,4%. Siguiendo la línea de la informalidad, Araya explicó que si se descompone ese porcentaje, “baja a la mitad en Montevideo, pero en determinados departamentos del interior, sobre todo los que tienen frontera con Brasil, anda alrededor del 40%”. Sin embargo, no son departamentos que presentan altas cifras de desempleo. “Ahí nosotros tenemos un desafío”, porque están quienes trabajan de forma dependiente y quienes emprenden; entonces, “hay que ir fortaleciendo el trabajo independiente”.

Además, explicó que se está realizando, sobre todo en el interior del país, un trabajo de inspección, “para atender las realidades territoriales desde la especificidad de los territorios, porque no podemos pensar que las políticas que abordemos en Montevideo van a impactar de la misma manera en todos los lugares”.

Uruguay Impulsa

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) avanza en su programa Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación, tras realizar el sorteo de la primera edición. Esta apuesta de la cartera, que busca generar oportunidades laborales y de formación para más de 5.000 personas en todo el país, dejó entrever, a su vez, la necesidad de fortalecer la inserción en el mercado formal tras la postulación de 162.464 personas.

Teniendo en cuenta el número de inscriptos, Chiquiar expresó que “estamos invirtiendo en una política activa de empleo que nos dice que es muy demandada por la gente”. En ese sentido aclaró que “se ha generado una idea falaz de que las personas vulneradas son pobres porque quieren, no quieren salir adelante, no tienen voluntad de trabajar”, sin embargo, analiza que “ en un programa que plantea 4 meses de trabajo por una prestación mensual de $ 19.728 (3 BPC), se anotan más de 160.000 personas, eso nos muestra que las personas quieren trabajar”. Entonces entiende que “eso nos tiene que interpelar desde las herramientas que brindamos”.

Destacó también, que en el programa, inspirado en los Jornales Solidarios, “quisimos generar oportunidades de mejora y una cobertura más integral, como lo es la estrategia de capacitación”, algo que se aplicó anteriormente pero de manera aislada en algunos departamentos.

Ley de Empleo

A principios de septiembre se realizó el lanzamiento de la gira nacional de la Dirección Nacional de Empleo para la construcción de una nueva Ley de Empleo. Ante esto, expresaron el entendimiento de que la ley actual “tiene un montón de debilidades y algunos errores de diseño que queremos trabajar para modificarlos”. Además, “entendemos que una nueva ley no puede ser a puertas cerradas, entonces la iniciativa es salir a conversar con los distintos territorios para relevar cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas y cuáles son las críticas que ha habido de los instrumentos que se han generado hasta ahora”.

Retomando el diálogo sobre personas liberadas, anunció que trabajan en la incorporación de este cupo en la nueva ley con el fin de construir una base más sólida. “En esta primera etapa estamos recabando insumos para construir una herramienta que trate de ampliar las oportunidades, en especial para los colectivos que tienen mayores dificultades y son más vulnerados”.

Chiquiar por su parte destacó el diálogo entre el Ministerio y las empresas y diferentes cámaras, no solo porque la ley genera subsidios sino porque es “importante tener en cuenta su opinión, porque son quienes generan el empleo”. En ese sentido, han relevado recomendaciones sobre las debilidades del instrumento normativo que dificultan el día a día de las empresas.

Finalizando, expresaron que “vamos a empezar a aplicar la ley como corresponde y a trabajar en cuestiones que van desde un cambio cultural, que permita que el tránsito por una experiencia laboral sea una rica experiencia y al final no termine siendo una frustración para muchas personas que ya vienen con un nivel de vulnerabilidad alto”. A su vez, recordaron que “hay una idea clara en el presupuesto de generar crecimiento económico para aumentar los puestos de trabajo de calidad”.