Más de 2.000 alumnos vuelven al sistema educativo gracias a la estrategia de revinculación del Estado

Una de las prioridades del gobierno se ha centrado en la reinserción educativa de niños y adolescentes en todo el país, por lo cual, desde inicios de julio diversas instituciones estatales como ANEP, MIDES, BPS, INAU, MEC e Inisa, unieron estrategias para revincular a más de 5.000 niños y adolescentes entre los 5 y 17 años que no se encontraban asistiendo a centros educativos.

Al concluir esta primera etapa, se tuvo como resultado el regreso al sistema educativo de 2.246 estudiantes de un total de 5.382 a los que el presidente de ANEP, Pablo Caggiani valoró como alentador, pero, “un llamado de atención” a seguir trabajando en la materia.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en la jornada del lunes para presentar los resultados preliminares de la estrategia, Caggiani informó que a inicios de julio se detectó que exista un conjunto de niños, niñas y adolescentes que no estaban inscriptos en el sistema educativo por lo cual comenzó la estrategia de revinculación educativa.

En julio, los equipos de trabajo recorrieron barrios, hogares, zonas rurales y urbanas, buscando comprender los motivos detrás del abandono escolar. La estrategia que también cuenta con la colaboración del Ministerio del Interior, ONFI y la Secretaría Nacional del Deporte, tiene el objetivo de garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del país.

Conferencia de prensa

Caggiani afirmó que: “Hoy casi la mitad de los estudiantes que fuimos a buscar están en el sistema educativo. Esto nos plantea un desafío, porque para nosotros es una muy buena noticia que casi la mitad haya vuelto, pero nos preocupa y ocupa la otra parte. Seguiremos buscando a cada estudiante para que efectivamente concurran a clase”.

Las instituciones involucradas reconocen que detrás de cada caso de desvinculación educativa hay realidades diversas como la situación económica, familiar, salud  o la desmotivación. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó: “Esto reafirma una intención que teníamos de que frente a la alerta de desvinculación del sistema educativo, la acción que corresponde de parte del Estado es una acción fuerte, decidida, de búsqueda, de ir al encuentro de esos gurises y de esas situaciones, asumiendo que, si hay una desvinculación del sistema educativo, hay alguien que requiere un abordaje por parte de múltiples instituciones”.

“Para nosotros, en estos casos, el Estado tiene que proceder proactivamente, tiene que asumir que hay cosas para corregir, también en la oferta educativa y en la acción de las distintas instituciones que formamos parte de esta mesa. Tiene que ir al encuentro de los gurises, las gurisas y de sus hogares. Esta experiencia ilustra que esa actitud de búsqueda es mucho más eficaz que la inercia o la indiferencia frente al problema”.

Para finalizar, anunció que el año próximo esta estrategia de revinculación se iniciará de manera más temprana.

3.136 asignaciones familiares suspendidas

El Banco de Previsión Social (BPS), como parte activa de esta política pública, recordó con antelación que el cobro de la Asignación Familiar está vinculado a la asistencia a centros educativos. Por lo cual, para continuar recibiendo esta prestación, fue necesario presentar un certificado de inscripción del niño, niña o adolescente.

Los responsables, tuvieron tiempo hasta el 25 de julio para verificar si debían presentar el certificado ingresando al servicio en el sitio web del BPS. En caso de corresponder, quienes asisten a instituciones públicas podían cargar el documento desde el mismo portal o presentarlo en persona, sin necesidad de agenda, en cualquier oficina del BPS del país.

En caso de no cumplir con los plazos, se advirtió que el pago de la Asignación Familiar quedaría suspendido a partir de septiembre, hasta tanto se regularice la situación. Por el momento, se conoce que son 3.136 niños, niñas y adolescentes los cuales tendrán suspendidas las asignaciones familiares por no cumplir con el requisito de asistencia educativa que exige el Estado.