La propuesta de gravar con un 1% al 1% más rico no es solo una medida fiscal

La propuesta de imponer un gravamen del 1% a la porción más acomodada de la población no se limita a ser una medida fiscal; para el PIT-CNT y los expertos de la Universidad de la República que apoyan esta iniciativa, representa la oportunidad de “iniciar un debate profundo sobre el nivel de desigualdad que la sociedad uruguaya está dispuesta a tolerar”. 

Respaldado por evidencia técnica y académica, el movimiento sindical busca convertir esta idea en una herramienta tangible que permita que un tercio de los niños uruguayos deje de vivir en condiciones de pobreza, en un contexto en el que la riqueza continúa concentrándose en manos de unos pocos. La propuesta no solo apunta a la recaudación de fondos, sino que también pretende cuestionar y redefinir las normas sociales y económicas que perpetúan la desigualdad en el país.

El gravar con un 1% a la fracción más rica de la población uruguaya ha suscitado un intenso debate sobre la desigualdad económica y sus repercusiones en distintos sectores de la sociedad. Este gravamen, dirigido específicamente al 1% más adinerado, no solo tiene como objetivo incrementar la recaudación fiscal, sino que también busca abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la justicia social y la equidad en la distribución de recursos.

El PIT-CNT, como el principal movimiento sindical del país, ha subrayado la urgencia de replantear cómo se distribuye la riqueza en Uruguay. Con un enfoque basado en evidencia técnica y académica, el movimiento argumenta que un impuesto progresivo puede ser una herramienta efectiva para financiar políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables de la población, en particular a los niños que se encuentran en situación de pobreza.

En el contexto uruguayo, la concentración de la riqueza ha sido un tema recurrente y preocupante en los últimos años. A pesar de los avances logrados en la reducción de la pobreza, persisten desigualdades significativas que afectan la calidad de vida de miles de ciudadanos. La propuesta busca transformar la idea de un impuesto a los ricos en una política concreta que permita financiar programas vitales en áreas como educación, salud y asistencia social, contribuyendo así a la disminución de la pobreza infantil y a la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

Además, el debate en torno a esta iniciativa pone de relieve la necesidad de promover un cambio cultural en la percepción de la riqueza y la responsabilidad social que recae sobre aquellos que poseen mayores recursos. Se plantea, por ende, la cuestión de hasta qué punto está dispuesta a tolerar la sociedad uruguaya la desigualdad y qué medidas está dispuesta a adoptar para construir un futuro más equitativo y justo para todos.

Este enfoque no solo busca abordar problemas inmediatos, sino que también pretende fomentar un diálogo más amplio y profundo sobre la justicia económica, la redistribución de la riqueza y el papel del Estado en garantizar el bienestar general de la población. La implementación de esta propuesta podría marcar un hito significativo en la política fiscal uruguaya, abriendo un camino hacia una mayor equidad y justicia social, y estableciendo un precedente para futuras reformas que busquen una sociedad más inclusiva y solidaria.

Contexto de riqueza individual en el mundo y Uruguay

La riqueza continuará en aumento en 2025 en el mundo, al igual que años anteriores, y se sumaron 680.000 nuevos millonarios en 2024, que tienen cada uno una fortuna neta superior al millón de dólares.

Los datos precedentes surgen de una nueva edición del Informe Global sobre la Riqueza, un estudio anual del banco suizo UBS que abarca a 56 economías -entre las que se encuentra Uruguay- que permiten disponer de datos representativos de más del 90% del patrimonio mundial.

El crecimiento de la riqueza global de 4,6% en 2024 estuvo impulsado principalmente por Estados Unidos: a nivel mundial, el patrimonio financiero aumentó 6,2% en dólares, mientras que el no financiero lo hizo 1,5%, a la vez que la deuda total se mantuvo.

En nuestro país, las 17.675 personas registradas en 2024 con una riqueza neta superior a un millón de dólares implican un crecimiento de 2,2% respecto al año anterior. Con estos datos, Uruguay se ubica en el puesto 49 del ranking en cantidad de millonarios.

Adicionalmente, el estudio da cuenta que el patrimonio promedio por adulto en Uruguay fue de US$ 89.304, uno de los más altos de la región. En Estados Unidos está casi el 40% de los millonarios del mundo; unos 23,8 millones de personas al finalizar el año pasado. En Sudamérica, Brasil cerró 2024 con 433.000 millonarios, puesto 19 en el ranking mundial.

El informe también marca que hay, a nivel mundial, 2.891 multimillonarios, con fortunas de entre US$ 1.000 y US$ 49.000 millones, y solo 31 personas superaban la cifra de los US$ 50.000 millones.

Contracciones en la economía

Imponer un gravamen adicional del 1% a las personas más ricas de Uruguay podría tener una serie de implicaciones económicas, sociales y fiscales que merecen un análisis detallado. Esta propuesta busca aumentar la recaudación del Estado de manera equitativa, evitando que las clases medias y bajas se vean afectadas y, al mismo tiempo, permitir el financiamiento de políticas públicas esenciales que son fundamentales para el bienestar de la sociedad, tales como educación, salud e infraestructura.

Desde una perspectiva económica, esta medida tiene el potencial de contribuir a la reducción de la desigualdad en el país. Al aplicar un impuesto adicional a los individuos con mayores ingresos, se podría redistribuir parte de esa riqueza hacia sectores más vulnerables, lo que a su vez podría incentivar un mayor consumo y dinamizar la economía local. Es importante considerar que las personas con ingresos más bajos tienden a destinar una proporción más alta de su ingreso al consumo, lo que puede resultar en un impulso significativo para la demanda interna y, por ende, para el crecimiento económico.

No obstante, es crucial también tener en cuenta los posibles efectos adversos que esta medida podría generar. Algunos críticos sostienen que incrementar la carga impositiva sobre los más acaudalados podría desincentivar la inversión y la creación de empleo, lo que podría llevar a una fuga de capitales, por lo cual individuos adinerados opten por mudarse a jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables. Esta situación podría disminuir la inversión en el país y, a largo plazo, afectar el crecimiento económico de manera negativa.

Adicionalmente, la implementación de este impuesto requeriría una gestión eficiente y transparente para garantizar que los fondos recaudados se destinen adecuadamente a las áreas que más lo necesitan. La confianza en el sistema fiscal es un aspecto clave; si los ciudadanos perciben que los recursos se malgastan o se utilizan de manera ineficiente, podría generarse una resistencia al pago de impuestos, lo que reduciría la efectividad de esta medida.

La propuesta de gravar impositivamente a las personas más ricas de Uruguay con un 1% adicional podría constituir una herramienta viable para abordar la desigualdad y financiar el gasto público necesario. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de una implementación cuidadosa y de una gestión fiscal que sea transparente y responsable. 

Además, las políticas complementarias, como incentivos para fomentar la inversión y la garantía de un uso eficaz de los recursos recaudados, serán fundamentales para mitigar los riesgos asociados a esta iniciativa y asegurar un impacto positivo en la economía del país.