Justicia rechazó ampliar medidas para Charles Carrera: “Primó el Estado de derecho”
Este martes la justicia rechazó la solicitud de prisión domiciliaria para el exsenador frenteamplista Charles Carrera el cual fue imputado por presunto fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada en el marco del caso por el uso irregular del Hospital Policial.
La jueza Diovanet Olivera entendió que no existen elementos suficientes para atribuir al exlegislador la intención de entorpecer la investigación, tal como planteaba Sandra Fleitas, fiscal del caso. Carrera continuará bajo las medidas cautelares ya vigentes: fijación de domicilio y prohibición de salida del país por 90 días, mientras se espera se asigne la fecha del juicio.
El trasfondo del caso
La investigación se inició en 2021 y se centra en la atención médica brindada en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un civil que quedó parapléjico tras recibir un disparo en La Paloma durante una fiesta privada en 2013. Carrera, entonces director general de Secretaría del Ministerio del Interior, habría autorizado su internación por tres años, otorgándole además beneficios como tickets de alimentación.
En junio de este año, la Fiscalía formalizó la investigación y lo imputó por los tres delitos mencionados. Desde entonces, se mantiene en el centro de una polémica que combina ribetes políticos, judiciales y mediáticos.
Las posturas en la audiencia
La fiscal Fleitas había pedido que, además de las restricciones vigentes, se sumara arresto domiciliario total y la prohibición de acercamiento a testigos. La jueza Olivera rechazó ambas solicitudes, respaldándose en el derecho a la libertad de expresión y en la ausencia de riesgo procesal. Fleitas en conferencia de prensa dijo que se malinterpretó su pedido y desde Fiscalía suponiendo que se había solicitado arresto domiciliario con imposición de tobillera “cosa que no es así”. “La fiscalía lo que solicitó es que no se diera situaciones de amedrentamiento en lo que tiene que ver con torcer o ejercer una presión sobre testigos que van a declarar en un juicio público”, explicó.
Por su parte, la defensa de Carrera calificó el planteo como “abusivo” y “sin fundamentos”.
Carrera: “Una causa armada”
Tras conocer la resolución, el exsenador frenteamplista declaró: “Me voy con la tranquilidad que llegué. Jamás se puede cuestionar a una persona que ejerza el derecho a denunciar, a defenderse o a ejercer la libertad de expresión. Primó el Estado de Derecho, primó la democracia que tenemos en nuestro país”.
Carrera sostuvo que las medidas solicitadas por Fiscalía eran “absurdas” y reiteró su postura de que se trata de “una causa armada” por Luis Alberto Heber, entonces ministro del Interior cuando se hace la denuncia. Agregó que tuvo un rol central al denunciar la entrega del puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la empresa Katoen Natie y que hoy “se está viviendo las consecuencias económicas y jurídicas de esa situación”. Hizo énfasis en que todo lo dicho en 2022 “hoy se está cumpliendo: hay falta de trabajo en el puerto, falta de competitividad y una situación litigiosa”.
“Ahora comienza realmente el juicio, y en ese juicio es el cual uno puede demostrar su inocencia. Me voy con la tranquilidad de que voy a recorrer todos los caminos para demostrar mi inocencia”, sentenció.
La investigación judicial seguirá su curso hasta febrero de 2025, cuando se espera que se defina la fecha para el juicio oral. En paralelo, la apelación de la fiscalía mantendrá abierto el debate sobre el alcance de las medidas cautelares contra el exsenador.
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