Gobierno rescindió el contrato con Cardama: el Partido Nacional cuestiona la decisión
El pasado viernes el gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional tras constatar una serie de incumplimientos considerados graves. la decisión fue adoptada en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi y generó una reacción inmediata del Partido Nacional quienes atribuyeron la medida a motivos políticos.
Según informó Presidencia, la rescisión se fundamenta en irregularidades detectadas en las garantías exigidas para la vigencia del contrato. Al inicio de la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, donde acompañaron la ministra de Defensa, Sandra Lazo y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; Orsi expresó que se trata de “una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública” y recordó que el 22 de octubre de 2025, el Gobierno había informado sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, instancia en la que se constató que la garantía “no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”.
Después de notificar a la empresa, el mismo astillero reconoció que la garantía era inexistente. Posteriormente, se detectaron irregularidades en la garantía de anticipo financiero, también conocida como garantía de reembolso. “Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, señaló Orsi, al explicar que el documento presentado no era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones.
En ese marco, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aclaró que “el Estado uruguayo ha cumplido bien y fielmente todas sus obligaciones hasta el día de hoy”, mientras que “por el otro lado, hemos constatado graves incumplimientos del astillero en términos jurídicos y contractuales y en términos constructivos”.
Díaz precisó además que “el motivo de la rescisión se basa estrictamente en los términos jurídicos y contractuales”, y señaló que “los graves incumplimientos en materia constructiva darán lugar a otro tipo de acciones”.
Acciones del Poder Ejecutivo
- Rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios.
- Iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo.
- Definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que corresponda.
- Procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas para la defensa de la soberanía nacional.
En paralelo, el se informó que el Gobierno explora alternativas para incorporar patrulleros oceánicos de porte similar, a través de contactos con países que cuentan con astilleros públicos y privados. También anunció la posible adquisición de lanchas rápidas para vigilancia costera y la existencia de un ofrecimiento de Estados Unidos para la entrega de un navío como solución intermedia.
Durante la conferencia, la ministra Sandra Lazo, aseguró que la actual administración mantiene como prioridad la incorporación de patrulleros oceánicos para la Armada Nacional. “En esta administración, habrá patrulleros oceánicos. No hemos dejado de trabajar ni un momento”, afirmó.
En ese sentido, explicó que el Gobierno no solo continúa explorando distintas alternativas para acceder a esas capacidades, sino que también avanza en el fortalecimiento de otros instrumentos vinculados a la defensa. “Estamos trabajando y explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas sino que además estamos robusteciendo desde otro lugar todos las herramientas necesarias para avanzar en lo que tiene que ver con la salvaguarda de nuestra soberanía nacional”, expresó.
Rechazo de la oposición
Desde la oposición, el Partido Nacional difundió una declaración en la que “rechaza enfáticamente” la decisión del Gobierno y la calificó como “absolutamente irresponsable”. Según el directorio, la medida “responde a un objetivo político que tiene el Frente Amplio desde su asunción —sin miramientos de interés nacional—, que solo pretende destruir el legado del Gobierno de la Coalición Republicana y el presidente Lacalle Pou”.
La declaración advierte que la rescisión podría derivar en “graves consecuencias” para el país, como el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a la credibilidad jurídica de Uruguay, además de probar a la Armada Nacional de un instrumento que espera desde hace 20 años para el resguardo de la soberanía marítima.
El senador y ex minsitro de Defensa, Javier García expresó en su cuenta de X: “La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”. Agregó que “no hay agenda positiva, solo negativa” y sostuvo que esta decisión “nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país”.
Por su parte, el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado escribió: “Enorme irresponsabilidad del gobierno, actuando con saña política. Para justificar su ataque contra el gobierno de Coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas”. Delgado calificó la medida como “una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay”.
Fotos: Presidencia de la República
