CASMU: otro rescate millonario que expone el fracaso de los controles
Por tercera vez en pocos años, el Estado uruguayo vuelve a salir al rescate del CASMU. La diferencia es que esta vez el propio Poder Ejecutivo admite, en la exposición de motivos del proyecto de ley enviado al Parlamento, que las herramientas aplicadas hasta ahora no alcanzaron para revertir la delicada situación financiera de la institución.
La iniciativa autoriza un nuevo acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos por hasta 742.543.719 Unidades Indexadas más intereses, extiende la posibilidad de mantener la intervención estatal durante dos años adicionales e incorpora mayores mecanismos de control sobre quienes administran las instituciones que reciben respaldo público.
La pregunta inevitable es sencilla: si después de sucesivos rescates, flexibilizaciones legales e intervenciones la institución continúa necesitando miles de millones de pesos en respaldo estatal, ¿qué falló?
El Gobierno sostiene que preservar al CASMU resulta imprescindible porque atiende aproximadamente a 171.000 afiliados y constituye un actor relevante dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese argumento difícilmente pueda discutirse. Nadie quiere que una institución de semejante tamaño colapse y deje sin atención a miles de usuarios.
Sin embargo, otra cosa muy distinta es aceptar que la única respuesta sea seguir inyectando recursos públicos sin que exista una evaluación política y administrativa de las responsabilidades acumuladas durante años.
El propio proyecto reconoce que la institución arrastra un elevado endeudamiento, contraído en gran parte mediante préstamos a altas tasas de interés para resolver problemas de liquidez de corto plazo. También admite que las medidas de ahorro impulsadas por las nuevas autoridades no alcanzan para compensar el peso de los intereses financieros.
En otras palabras, el diagnóstico oficial confirma que la enfermedad sigue siendo la misma.
El rescate permanente
Los gobiernos cambian, las autoridades del CASMU cambian y las leyes se modifican. Lo único que permanece es la necesidad de nuevos salvatajes.
El proyecto recuerda que en 2024 ya se autorizó un respaldo por más de 2.184 millones de pesos, acompañado de excepciones para constituir garantías. Luego, en 2025, otra ley amplió las facultades del Poder Ejecutivo para flexibilizar aún más el régimen, extender la intervención y evitar que una institución intervenida pudiera ingresar a concurso de acreedores.
Ahora, apenas un año después, el Estado vuelve a solicitar autorización parlamentaria para otro respaldo extraordinario.
La reiteración de medidas excepcionales termina transformando la excepción en regla.
Y cuando eso ocurre, deja de hablarse de una crisis coyuntural para ingresar en el terreno de un problema estructural.
Más control… porque antes no alcanzó
Quizás el aspecto más llamativo del proyecto sea el reconocimiento implícito de que los mecanismos de supervisión existentes resultaron insuficientes.
Por primera vez se establece que las instituciones que reciban garantías estatales deberán someter a la «no objeción» del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía la designación de directores, gerentes generales, directores técnicos y gerentes financieros. La evaluación comprenderá idoneidad, experiencia y posibles conflictos de interés.
La medida puede interpretarse como un avance en materia de gobernanza.
Pero también constituye una admisión tácita de que durante años el Estado transfirió enormes respaldos financieros sin disponer de instrumentos suficientemente eficaces para controlar quién administraba las instituciones beneficiadas.
Es una señal política relevante.
Si ahora se considera indispensable evaluar antecedentes, capacidades y eventuales incompatibilidades, cabe preguntarse por qué esos requisitos no fueron exigidos con el mismo rigor cuando comenzaron los primeros rescates.
El costo para los contribuyentes
Cada nuevo acceso al Fondo de Garantía implica comprometer recursos públicos.
No se trata únicamente de preservar un prestador de salud. También se trata del dinero de todos los uruguayos.
Por eso la discusión parlamentaria debería ir más allá de aprobar o rechazar un nuevo respaldo financiero.
Resulta imprescindible conocer:
- cuánto dinero público ya fue comprometido en los distintos rescates;
- cuáles fueron los resultados concretos obtenidos;
- qué responsabilidades administrativas existieron en el deterioro financiero;
- qué garantías reales existen de que esta vez el resultado será diferente.
Sin esas respuestas, el Parlamento corre el riesgo de convertirse simplemente en una escribanía que autoriza nuevas asistencias sin exigir una verdadera rendición de cuentas.
La confianza también necesita transparencia
Nadie discute que preservar la continuidad asistencial constituye una prioridad.
Los usuarios del CASMU no son responsables de las decisiones financieras adoptadas durante años y merecen estabilidad.
Pero justamente para proteger a esos usuarios resulta indispensable construir confianza.
Y la confianza no nace únicamente de nuevos préstamos ni de nuevas intervenciones.
Se construye con transparencia, con auditorías públicas, con responsabilidades claramente establecidas y con la certeza de que los recursos del Estado no terminarán financiando indefinidamente errores de gestión que nunca encuentran responsables.
El nuevo proyecto de ley intenta fortalecer los mecanismos de supervisión y extender el tiempo para completar la reestructura. Puede ser una herramienta útil si viene acompañada de una fiscalización rigurosa y de objetivos verificables.
De lo contrario, Uruguay podría volver a recorrer un camino ya conocido: aprobar otro rescate extraordinario, esperar una recuperación que nunca termina de consolidarse y regresar, pocos años después, al mismo punto de partida, con nuevas deudas, nuevas excepciones legales y otra vez el Estado llamado a cubrir las consecuencias de una crisis que sigue sin resolverse.
Cuando la intervención del Estado deja de ser una solución para convertirse en parte del problema
Las cifras tienen una virtud que la política muchas veces no posee: carecen de ideología. Hablan por sí solas. Y las que acompañan el nuevo proyecto de ley sobre el CASMU constituyen un diagnóstico demoledor para quienes, durante los últimos dos años, tuvieron la responsabilidad de conducir la intervención del Estado.
El Poder Ejecutivo solicita nuevamente autorización parlamentaria para otorgar al CASMU otro acceso al Fondo de Garantía por hasta 742.543.719 Unidades Indexadas, después de haber aprobado en 2024 un respaldo superior a 2.184 millones de pesos, flexibilizar el régimen de garantías, ampliar las facultades de los interventores y extender la intervención estatal. Todo ello sin que la institución haya logrado superar la situación económico-financiera que motivó aquellas decisiones.
El dato más contundente del proyecto no es el monto solicitado.
Es el reconocimiento explícito del propio Gobierno de que, pese a todas las herramientas extraordinarias concedidas, la crisis continúa.
Ese reconocimiento tiene consecuencias políticas inevitables.
Porque si una institución permanece intervenida durante dos años, recibe respaldo financiero extraordinario, dispone de un marco legal excepcional y, aun así, necesita un nuevo rescate para sobrevivir, resulta legítimo preguntarse cuál fue el resultado concreto de la intervención.
La respuesta parece surgir del propio mensaje oficial: ninguno capaz de revertir el problema estructural.
Toda intervención estatal supone una premisa básica. El Estado desplaza parcialmente la autonomía de una organización porque entiende que posee mejores herramientas para corregir una crisis. Esa legitimidad descansa en la eficacia.
Cuando la eficacia desaparece, también comienza a erosionarse la legitimidad de la intervención.
En el caso del CASMU, el Estado no puede atribuir exclusivamente la responsabilidad a administraciones anteriores. Desde hace dos años participa activamente en el proceso mediante interventores designados por el Ministerio de Salud Pública. Si hoy la institución continúa requiriendo asistencia extraordinaria, resulta imposible sostener que la evaluación alcance únicamente a las autoridades del prestador.
